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Desde San Lázaro. Una amenaza para el mundo. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

21 Ene 2026
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Desde San Lázaro. Una amenaza para el mundo. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com

A un año de gestión   de su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha cambiado los equilibrios geopolíticos del mundo, al tiempo de ponerlo en la antesala de una conflagración comercial sin parangón desde la segunda guerra mundial y es en este contexto en donde se debe ponderar la actuación de la presidenta Sheinbaum con su contraparte norteamericano, quien  agregó otro elemento disruptivo a la relación bilateral con la declaración de narcoterroristas a los capos de la droga mexicanos.

Desde luego, la tarea que  enfrenta la doctora es monumental ya que tiene que lidiar con todo tipo de exigencias, peticiones y reclamos de Trump y  de proteger a su grupo político que encabeza Andrés Manuel López Obrador contra las acusaciones de connivencia con criminales que le indilgan las agencias de inteligencia y de combate a la drogas de la Unión Americana.

Son retos inéditos para cualquier gobierno y más para el principal socio comercial de Estados Unidos.

El gobierno mexicano en los últimos siete años, fue omiso en múltiples temas que dañaron la relación con EU, particularmente en la implementación de la estrategia de seguridad de “Abrazos, no balazos”, que alentó el crecimiento exponencial de los criminales en territorio nacional con el control  en vastas regiones del país que permitió el incremento del trasiego de drogas sintéticas a USA, en particular del fentanilo.

Los flujos migratorios de ilegales hacia Estados Unidos provenientes principalmente de Centroamérica y del Caribe fueron permitidos e incluso alentados  por el gobierno mexicano y por políticas migratorias laxas del propio gobierno de Joe Biden con las consecuencias a la vista.

El proteccionismo a ultranza y el expansionismo del imperialismo yanqui ha encontrado un nuevo exponente en la figura de Donald Trump que envalentonado pretende apropiarse de Groenlandia, someter a Canadá,  Venezuela y luego a México.

Los aliados estratégicos de los estadounidenses, como la Unión Europea,  se sienten traicionados y agraviados por el accionar de Donald, por lo que se aprestan a cerrar filas contra sus políticas expansionistas.

Ahora es Groenlandia la manzana de la discordia, mañana será otro país, pero el quid del asunto es que el presidente Trump quiere deslindarse de los últimos presidentes de Estados Unidos con su política del garrote y de la guerra y por ello, la paz mundial se ve amenazada  como nunca desde el siglo pasado, toda vez que el arsenal nuclear existente pone en riesgo la misma supervivencia humana en el planeta.

De ese tamaño es el peso belicoso que tiene el mandatario estadounidense y por supuesto la eventual reacción de los que considera como sus enemigos, como Rusia, China, Corea del Norte y otras tantas naciones que están en estado de alerta máxima ante los manotazos del magnate inmobiliario.

 En este primer año de Trump, dicen algunos que el gobierno mexicano ha salido bien librado si se considera que a otros aliados de Estados Unidos les ha ido peor y tienen razón, yo agregaría que considerando las circunstancias, la presidenta Sheinbaum se ha movido acertadamente  conforme a las circunstancias y los tiempos que le han tocado y   por ello, ha sabido sortear el caporal.

Cierto, a casi todas las exigencias de Trump, se ha plegado México,  por lo menos hasta ahora, menos  de permitir la intervención militar en territorio nacional para aprehender a criminales y cómplices incrustados en el poder público, aunque tan solo será cuestión de tiempo para que ello ocurra.

La presidenta no ha entendido la gravedad del asunto porque en lugar de reestablecer la unidad nacional desde las mañaneras, sigue polarizando a la población, incluso con gobernar tan solo para sus simpatizantes y adeptos, en lugar de reparar que es la presidenta de todos los mexicanos.

Efectivamente, llegado el momento, será necesario cerrar filas con la presidenta de México, pero ante tanta afrenta a los que no piensan como ella, eso es prácticamente imposible, incluso hay muchos mexicanos que están de acuerdo en la intervención gringa para capturar a los grandes capos mexicanos.

El tiempo corre en contra y se tiene encima la negociación del T-MEC en donde Trump buscará someter  a México con medidas proteccionistas de la industria norteamericana que podrán en condiciones desventajosas a los productos nacionales.

Un año de Trump que ha sido uno de los peores en la historia reciente de la humanidad y a la que los mismos norteamericanos no han escapado porque padecen alta inflación, desempleo, polarización social y guerras a la vista en la cuales serán llamados a filas, su juventud.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.