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Desde San Lázaro. Represión y autoritarismo. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

21 Nov 2025
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Desde San Lázaro. Represión y autoritarismo. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/LOVREGA

La represión tiene muchos rostros que van desde el uso de los granaderos y grupos de choque como el Bloque Negro, hasta la judicialización de la protesta con detenciones y consignaciones arbitrarias contra manifestantes que no participaron en las agresiones a policías.

La marcha convocada por la Generación Z fue pacífica, hasta llegar al zócalo en donde se infiltró gente embozada que iba armada con esmeriles y diversos instrumentos para tirar las vallas y atacar a las fuerzas del orden.

En las marchas organizadas por opositores al sistema, la izquierda radical manda al Bloque Negro para violentar las protestas y con esa etiqueta etiquetar a los manifestantes.

Cuando la manifestación es a favor del oficialismo, nunca se aparecen los grupos de choque.

Usted recuerda estimado lector, alguna manifestación organizada por el oficialismo, tanto en tiempos de AMLO y ahora con Sheinbaum, en donde se haya aparecido el Bloque Negro u otros grupos violentos, por supuesto que no, y ello además de ser una clara evidencia sobre el patrocinio y la formación de estos grupos, habla de que es el mismo gobierno quien los maneja.

Los sistemas de inteligencia de la Sedena y Marina, así como los chicos de Omar García Harfuch tienen toda la información relativa a los halcones de la 4T, incluso de sus patrocinadores y líderes, pero no hay hecho nada para detenerlos por una simple razón, son de casa.

La marcha Z se pretendió desacreditar con la irrupción violenta de los halcones de la 4T y por la participación de opositores provenientes, incluso de partidos políticos, la Marea Rosa y de ciudadanos que están hasta la madre de la violencia y la inseguridad que campea en buena parte del territorio nacional.

“Fueron muy pocos jóvenes”, “están pagados por la derecha internacional”, “son boots” y una serie de calificativos que buscan denostar a esos mexicanos que no comulgan con el actual gobierno.

Un estadista busca tender puentes de diálogo y negociación con sus detractores, un dictador arremete con toda la fuerza del Estado para apaciguar a los revoltosos.

La presidente no ha entendido que con represión no se contiene a los disidentes, al contrario, aviva más la flama de la violencia y la polarización que tarde que temprano, impacta en la gobernabilidad.

Los organismos que tienen los ciudadanos para denunciar el abuso del poder público como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside una Piedra, no ha dicho una solo palabra del abuso de policías contra manifestantes, al contrario, mantiene un silencio de complicidad que llama la atención de organismos internacionales de protección de los derechos humanos.

El asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y ahora la represión contra la marcha de la Generación Z le quitó el disfraz de demócratas a la 4T, para dejar al descubierto su verdadero rostro de tiranos.

Al fiel estilo de otras dictaduras de la región como Cuba, Venezuela y Nicaragua, se reprimió a punta de golpes, de expedientes judiciales y cárcel a los manifestantes.

Falta ver, caso por caso, qué tantas culpas tienen los acusados por la fiscalía capitalina en donde cobra como titular la hermana de la dirigente nacional de Morena.

Bertha María y Luisa María, entre Alcaldes te veas.

Por cierto, en todo este affaire represivo, en dónde queda la Jefa del Gobierno Capitalino, Clara Brugada, quien fue una de las responsables de operar la estrategia de choque para ponerles en la madre a los asistentes a la marcha Z.

Mucho tendrá que explicar esta funcionaria y Cesar Cravioto, Secretario General del gobierno capitalino, por el diseño de todo el operativo desplegado por los granaderos y el Bloque Negro. Ambos grupos, uno oficial y otro, con el rostro cubierto, fueron parte de un mismo esquema de represión.

Con el autoritarismo no se detendrán las movilizaciones y menos apagar las voces disidentes, sino al contrario, es un acicate para los opositores al régimen en seguir con el empeño de derrocar a la 4T.

Ojalá todas las inconformidades sean pacíficas y que el gobierno muestre tolerancia y altura de miras, ya que caer en el juego de la provocación afecta la gobernabilidad y la paz social.

El que convocó a la violencia no fueron los manifestantes del 15 de noviembre, fue el gobierno y sus grupos de choque y ello lo saben, incluso, los gobiernos democráticos del mundo. Tal vez por eso está tan preocupado el presidente Donald Trump por la instauración de un régimen represor en sus vecinos del sur.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.