La alertas rojas están prendidas en Palacio Nacional desde el asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan y luego con  la “marcha Z” , enturbiada por la violencia desplegada por el Bloque Negro  (auspiciado por el gobierno), por lo que fueron llamados de urgencia  por la presidenta Claudia Sheinbaum los gobernadores y legisladores federales del oficialismo para reforzar  la estrategia política electoral rumbo al 2027 en virtud del creciente descontento contra la 4T que prevalece en buena parte del territorio nacional.

La estrategia de control de daños por la creciente  violencia y la inseguridad que no se frena, no obstante las cifras  oficiales maquilladas; y la recesión económica que mantiene al gobierno en niveles de precariedad financiera, ponen en verdadero peligro al proyecto político de AMLO-Sheinbaum y ello de suyo, implica reducir a su mínima expresión a los opositores, sin importar los medios para que ello ocurra.

Así que la judicialización de casos políticos, persecución del SAT y de otras instancias federales y estatales contra opositores; fallos de jueces y de la SCJN contra personajes incómodos para el régimen como Ricardo Salinas, espionaje político y una retahíla de acciones represivas para impedir que de ninguna manera ocurra la alternancia en el poder.

En este sentido, el crisol de las elecciones intermedias será un buen parámetro para ver el nivel real  de aceptación y popularidad que tiene la 4T en el país, además, claro, de sopesar si efectivamente la oposición partidista está desaparecida o de plano ha revivido luego de la debacle sufrida en los comicios del 2024.

Así como se están cooptando todos los contrapesos al Poder Ejecutivo y estableciendo un control férreo sobre los Poderes Legislativo y Judicial, además de crear una nueva Ley de Amparo que impida a los adversarios políticos del régimen, alcanzar la protección de la justicia; se está cocinando en la presidencia de la República la reforma electoral que busca cerrarle la puerta a los grupos minoritarios y a la oposición con la reducción de los espacios de representación proporcional y del financiamiento público y establecer todo un andamiaje institucional para impedir por todas las vías que tengan posibilidad alguna de perder el poder en las elecciones del 2030.

La reforma electoral de Pablo Gómez está alineada a las legislaciones de las dictaduras de la región como la de Cuba, Venezuela y Nicaragua, en donde además de apropiarse de los organismos electorales, se conformó un Poder Judicial sometido a los designios del dictador en turno.

Mientras se le da el último toque a la Reforma Electoral en las Cámaras de Senadores y Diputados se le da atole con el dedo a todos aquellos que muestran preocupación por este engendró que se cocina en el laboratorio del doctor “Frankenstein Gómez”, como son los propios magistrados electorales de los estados, quienes se ven amenazados por esa reforma que de acuerdo a filtraciones, podrían desaparecer esos tribunales. 

Al reunirse con los magistrados electorales  para dialogar sobre la reforma electoral, el diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que sí cree en los tribunales locales electorales y aclaró que no ha habido todavía la reforma ni la iniciativa en la materia, pero es “probable que nos la envíen hacia el mes de enero”.

Explicó que no se tiene todavía material; “por eso me sirve mucho este tipo de posicionamientos y de posturas. Incluso no sabemos si va a haber incluido el tema de tribunales locales electorales. Hay muchas voces de todo, hay quienes quieren suprimirlo, hay quienes quieren mantenerlo, pero no hay una línea política aún de definición sobre ese tema”.

Si alguien pudiera leer entre líneas, diría que estos juzgadores tienen sus días contados al frente de los tribunales electorales.

El magistrado del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, José Jesús Hernández Rodríguez, comentó que los tribunales electorales locales son una expresión del federalismo judicial, que permiten que cada entidad ejerza su autonomía en la administración de justicia electoral; su permanencia refuerza la legitimidad del federalismo cooperativo y evita el riesgo de una justicia electoral centralizada y distante. La existencia de tribunales locales desconcentra la carga jurisdiccional del sistema nacional.

Añadió que la existencia de un federalismo judicial-electoral con autonomía, la pluralidad en la tutela de los derechos político-electorales, desconcentración y eficacia judicial, estabilidad democrática en las entidades federativas, una justicia cercana, con acceso efectivo, con inmediatez y legitimidad social, requieren de la presencia de los tribunales electorales locales por ser el primer eslabón en la cadena de impartición de justicia electoral en el país y el vínculo inmediato con la ciudadanía.

Tiene toda la razón el magistrado, pero cuando se trata de mantener el poder a toda costa no hay argumentos jurídicos válidos.