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Desde San Lázaro. La educación pública en entredicho. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

13 Nov 2025
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Desde San Lázaro. La educación pública en entredicho. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SEP_mx

En la comparecencia de Mario Delgado, secretario de Seguridad Pública, ante el Pleno del Senado con motivo del Primer Informe de Gobierno, volvió el relucir los temas sobre deserción escolar, carencia de recursos presupuestales para las escuelas, la prueba PISA, evaluación de los maestros y hasta las ligas que tuvo este funcionario cuando fue dirigente nacional de Morena con personajes señalados en diversas investigaciones sobre el huachicoleo fiscal.

De hecho, los mismos legisladores del oficialismo carecen de información real y verídica de lo que ocurre en las áreas sensibles del gobierno y que decir de la oposición, ya que, por ejemplo, sobre el ejercicio del presupuesto y otros temas sensibles, se carecen de esos datos sensibles   en virtud de que aquellos organismos que eran contrapesos del Poder Ejecutivo, como el INAI, desaparecieron y las funciones que tenían las borraron de un plumazo.

Por ello, lo que logran rescatar de información de peso en las comparecencias de los miembros del gabinete, les permite actualizarse, aunque esa información es totalmente insuficiente para evaluar la gestión de la presidenta Sheinbaum.

Los servidores públicos que acuden al Congreso, esgrimen un montón de diatribas que habla de una gestión perfecta y, por tanto, la autocrítica está totalmente descartada.

Así ocurrió con la comparecencia de Mario Delgado que fue acuerpado por sus correligionarios y aliados para sortear el encuentro con los senadores.

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que los objetivos en materia educativa del gobierno son muy claros: cumplir con los preceptos constitucionales para que la educación sea gratuita y de calidad; aumentar la cobertura e incrementar las becas en todos los niveles escolares, pues todos los niños, niñas y adolescentes “deben de estar en la escuela, no en las calles”.

Puros buenos deseos, pero en la realidad hay una gestión que hunde a la juventud mexicana en la ignorancia y el retraso tecnológico.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, señaló que las evaluaciones educativas como PISA no deberían considerarse como una amenaza u obstáculo, y tampoco debería haber resistencia a estas pruebas, ya que esto sólo debilita el desempeño del sistema educativo y se renuncia a la responsabilidad pública al socavar la oportunidad de saber qué funciona y qué debe ser reemplazado, lo que impide que México compita con el resto del mundo a nivel educativo.

Rolando Rodrigo Zapata Bello, del PRI, refirió que la educación no se defiende con discursos sino con resultados verificables, y por eso es preciso decir que más de la mitad de las escuelas comunitarias no tienen agua, y una de cada tres no tienen electricidad, lo que hace que tomen clases en la calle, de ahí que es importante conocer cuál es la estrategia para reducir los planteles sin servicios básicos y evitar el rezago educativo.

La senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, afirmó que la educación pública atraviesa una de las etapas más complejas por las graves deficiencias en el aprendizaje que se reflejan en los bajos resultados de las muy pocas evaluaciones con las que se cuentan, además de que no se ha cumplido a los maestros con el compromiso que el gobierno hizo respecto a las nuevas reglas de ingreso, remoción y cambios de centros de trabajo.

Dijo Delgado que merced a las becas para los estudiantes se ha evitado la deserción escolar, sin embargo, las mismas cifras oficiales hablan de una tasa de abandono desde la pandemia de 11.6% de la matrícula.

El secretario refirió que se ha logrado beneficiar con la beca Rita Cetina a ocho millones 668 mil estudiantes, cuatro millones 64 mil con la beca Benito Juárez y 409 mil con Jóvenes Escribiendo el Futuro, y que el hecho de que se hayan aprobado en el Presupuesto de Egresos de 2026 más de 50 mil millones de pesos adicionales para becas permitirá que se beneficie a más de 20 millones de becarios.

Al tiempo de emitir otra promesa sobre que 2026 se erradicará el analfabetismo, fue cuestionado sobre si tiene alguna investigación abierta en Estados Unidos o si tiene vigente su visa, a lo que no emitió ninguna respuesta.

“No cabe duda que el cártel de Morena no para de barrer, pero con el dinero de los mexicanos”, acotó la senadora panista, Gina Campuzano, al tiempo de recordar las relaciones perniciosas de Delgado con Sergio Carmona, empresario asesinado y señalado en investigaciones sobre el huachicoleo fiscal.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.