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Conferencia tras banderas. Del TLC al T-MEC, de la integración a la competencia. Por: Pepe Rocello. Destacado

14 Ene 2020
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Cuando se planteó la negociación de los acuerdos comerciales con el resto del mundo para nuestro país se inició una nueva etapa, que en ese momento se creía que era una decisión de Estado y no de Gobierno, y que dejaba atrás la visión proteccionista del modelo de desarrollo que se basaba en la industrialización doméstica, instrumentando una política de sustitución de importaciones y con base en ello, propiciar el desarrollo endógeno.

Este periodo se enmarca en el periodo de entreguerras mundiales y se inicia con Ávila Camacho en los 40´s, la cual consistía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta ese momento habían satisfecho el consumo local, por artículos de la misma naturaleza fabricados por la industria nacional y de consumo generalizado, soportado por los excedentes de la agricultura y que permitió industrializar a nuestro país sujetándonos a la calidad y a los precios que se acordaban por política de control de los mismos de carácter nacional.

Esta etapa, que se conoció como de industrialización ligera, es decir, se importaba tecnología y bienes de capital para producir bienes de consumo medio duraderos y duraderos, principalmente electrodomésticos y se empezaron a armar automóviles, en sustitución de la comercialización que se hacía de vehículos anteriormente, desde 1925 a 1960 en donde se instalaron las principales armadoras de Estados Unidos. En 1965 llega la VW y las armadoras asiáticas, principalmente japonesas con la NISSAN.

Esta segunda etapa, a partir del primer decreto automotriz, se impulsan acciones de componente nacional y sustitución de importaciones en el sector.

Agotada esta etapa, se planteó la siguiente fase de sustitución de bienes de capital y tecnología, la cual nunca se concretó de manera generalizada y se empezó con el desarrollo especializado en aéreas de ventajas relativas soportado por el desarrollo científico tecnológico del IPN y algunas universidades públicas y principalmente privadas que generaron los cuadros para este mercado naciente y en proceso de consolidación a la fecha, no en todas las áreas, solamente en donde tenemos ventajas competitivas adquiridas.

Al inicio de los ochentas con el arribo de la tecnocracia con Miguel de la Madrid, en sustitución del conservadurismo nacionalista del priismo de los cuarentas o post cardenista, hoy en MORENA liderado por AMLO, se inicia la etapa de apertura comercial, con la inclusión de México al GAAT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio que concluye con la conformación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Con el impulso del TLC con Salinas de Gortari, se inició las negociaciones en 1988, la firma en 1992 y entra en vigor en 1994, inician formalmente los esfuerzos de integración del mayor mercado del mundo, Estados Unidos, México y Canadá, basados en un análisis estructural y comercial, definiendo y reconociendo nuestra desventaja, principalmente tecnológica, laboral y de regulación y en la complementariedad de las economías, principalmente comparativas entre las tres naciones y en ventajas para la inversión regional, sustituyendo el concepto de nación más favorecida y con ello adaptar y adoptar criterios para un buen gobierno, lo que se conoce como la agenda liberal del Consenso de Washington, lo que la oposición conoce como modelo neoliberal.

Este esfuerzo fue, en un inicio comercial, reconociendo que nuestro comercio internacional de manera ordinaria se realiza en un 88% con estos dos países, y que las posteriores revisiones se harían para ir cerrando las brechas en materia de regulación normativa, energética y laboral para avanzar en una integración amplia de nuestros mercados y en una última etapa, evaluar la posibilidad de un esquema similar al mercado común europeo.

Esta ruta se acaba de romper con la revisión que se está haciendo actualmente en el Senado de los EU del TLC 2.0 o T-MEC, y que hoy se sustituye el principio de complementariedad de las economías, que favoreció el comercio de las tres naciones, por una visión proteccionista y competitiva de las tres economías de la región, principalmente porque en nuestro país permitimos la entrada de inversiones que no eran de la región, principalmente, asiáticas y europeas, que utilizaron a nuestro país como trampolín para entrar al mercado de los Estados Unidos de Norte América, que rompió con la ruta de nación más favorecida.

Actualmente, en la negociación se establece el principio de competencia, por ello las acciones y amenazas compensatorias, arancelarias o de cuotas de importación por parte del gobierno de Trump, en donde nuestras ventajas adquiridas, competitivas y absolutas para el mercado norteamericano, no se ven como potencial para la integración, se ven como amenaza para el crecimiento de Estados Unidos.

Hoy se sepulta la visión de la integración del mercado más grande del mundo y se inicia una etapa competitiva de las tres naciones por el mercado de Norteamérica, supeditados a lo que el mercado gringo necesite o que esté dispuesto a comprarnos y no intentar producir en su territorio y negarnos la posibilidad de especializarnos en vista de lo que nuestras capacidades nos dan ventaja frente a las otras dos naciones.

Curiosamente, en ello, el Comandante Supremo de la “Cuatroté” y el equipo negociador de la anterior administración, no han tenido ni siquiera el derecho de réplica en esta revisión forzada del TLC, que impulsa criterios proteccionistas y de desarrollo endógeno de las economías y principalmente de los Estados Unidos y el carácter supletorio temporal de las otras dos economías, es decir Trump impone visiones proteccionistas de los años cuarentas en donde la presente administración de AMLO se ha mostrado como ultraconservador de los principios nacionalistas constitucionales, sin meter las manos la visión del desarrollo endógeno impulsada por la CEPAL, se tendrá que considerar como una alternativa real, aunque sea de manera temporal, independiente de la reelección de Trump o el arribo de los ultraconservadores demócratas al poder.
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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.