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Desde San Lázaro. La eutanasia cobra impulso hacia el Congreso. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

31 Oct 2025
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Desde San Lázaro. La eutanasia cobra impulso hacia el Congreso. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Mx_Diputados

El añejo debate en México sobre la eutanasia tiene implicaciones legales, éticas, morales, religiosas, familiares e incluso políticas y por supuesto la voluntad última de los pacientes, y que  debe encontrar un punto medio para aprobarla en el Congreso, por encima de innumerables consideraciones que dejan de lado el dolor insoportable DE LOS ENFERMOS; la carencia de motivos para vivir por un daño irreversible en la salud y que se prolonga con mecanismos médicos y de tecnología asistida; o, de plano, por  el deseo indeclinable de morir.

Hace unos días diversos activistas y organizaciones entregaron al Senado, en particular a tres legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano y PRI, menos al PAN, la propuesta sobre la “Ley Trasciende” que modifica diversos artículos de la Ley General de Salud que prohíben la práctica de la eutanasia entendida como homicidio por piedad, así como suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal.

En la Ley Trasciende se agrega el artículo 166 Ter para establecer el derecho a la eutanasia en México, garantizando que quienes padezcan de una enfermedad en etapa terminal o una enfermedad o condición crónico-degenerativa incapacitante y amenazante para su salud, sin posibilidad de cura, puedan acceder si es su voluntad a los medicamentos que les cause la muerte   de manera anticipada, sin dolor.

Para la presentación de iniciativas ciudadanas, la Constitución establece en su artículo 71 que al menos 0.13% de los ciudadanos registrados en la lista nominal electoral podrán presentar propuestas para reformar las leyes y en este contexto los activistas señalaron que alrededor de 130 mil personas los apoyaron y para ello entregaron nombres, credencial de electoral y firma de ellos, lo que implica que han cumplido con el ordenamiento legal en la materia porque superaron el umbral de las 129, 942 firmas que exige la Carta Magna.

Ahora el INE realizará la verificación correspondiente y dentro de un plazo no mayor a 30 días naturales emitirá los resultados de la verificación y si está todo en regla continuará la iniciativa rumbo al Congreso para ser discutida y en su caso aprobada.

Como se aprecia se requiere para su aprobación la voluntad política de la presidenta de la República y no porque sea un requisito legal, sino porque el tema tiene tantas aristas políticas y sociales que necesariamente los legisladores de Morena, PT y PVEM requieren de la línea presidencial para votar a favor o en contra de la eutanasia.

Como están las cosas en este momento se vislumbra que se pueda dar luz verde para la aprobación de la Ley Trasciende y con ello equipar la legislación en la materia con otras existentes en el mundo occidental.

Veremos un debate ensuciado por atavismos, dogmas religiosos, ignorancia y posturas políticas, sin embargo, el reclamo social por la aprobación de la eutanasia es una realidad que se debe atender de inmediato.

El principal partido de oposición, el PAN, se ha pronunciado reiteradamente contra la eutanasia por considerarla atentatoria  contra sus principios ideológicos y  plataforma política; en contraparte, el oficialismo por su agenda progresista, Movimiento Ciudadano e incluso el PRI ven con buenos ojos su aprobación.

Por ello decimos que la bandera política de estar a favor o en contra de la eutanasia pasa por el crisol político electoral.

El investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Diego Valadez,  ha comentado que es previsible que en el curso de los próximos lustros y máximo en las siguientes décadas, en la mayor parte del mundo este derecho sea regulado y garantizado para quienes deseen acceder a él.

Permitir la muerte medicamente asistida “empodera a las personas, porque nadie debe usarla si no quiere y ningún médico está obligado a aplicarla. Es un Ley que respalda las libertades de todos”, advirtió Asunción Álvarez del Río, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Desde los 17 años, Samara Martínez Montaño ha enfrentado diagnósticos de diferentes enfermedades, entre ellas, Lupus e insuficiencia renal crónica, que hoy padece en etapa terminal. Su experiencia la ha llevado a defender la muerte digna y a impulsar el proyecto de Ley Trasciende, para legalizar la eutanasia en México.

Ella impulsa y comanda el movimiento por  la Ley Trasciende. “Mi iniciativa surge después de que medicamente lo intente todo. Me dijeron que voy a depender de una máquina de por vida, sentí que me arrebataban parte de mi autonomía y pensé en hacer algo por quienes sufrimos en silencio y buscamos trascender de la forma más humana”.       

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.