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Desde San Lázaro. Brugada no garantiza la gobernabilidad. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

06 Oct 2025
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Desde San Lázaro. Brugada no garantiza la gobernabilidad. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/ClaraBrugadaM

La marcha del 2 de octubre en la capital del país puso en evidencia, una vez más, que la gobernabilidad de la CDMX pende de alfileres toda vez que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada carece de la sensibilidad política y de los sistemas de inteligencia adecuados para detectar y enfrentar movilizaciones violentas, al tiempo de soslayar los ataques del crimen organizado contra funcionarios públicos y por supuesto contra la ciudadanía.

La consigna de los transgresores de  leyes que violentaron las marcha del 2 de octubre era madrear a los policías y a quien se les pusiera enfrente, además de saquear comercios y joyerías, sabedores de que esa tarde-noche, los cuerpos policiacos estuvieron maniatados por órdenes superiores que  ordenaron tajantemente no responder a las agresiones, no obstante que estas pusieran en riesgo sus vidas, tal como ocurrió con un centenar de lesionados, entre ellos, 16 policías que se encuentran al momento hospitalizados y en cuidados intensivos.

Clara Brugada no tiene la capacidad para gobernar la metrópoli, en virtud de que diversos sucesos la han rebasado como el asesinato de sus dos colaboradores más cercanos, lo que implica que el crimen organizado mantiene el control en buena parte del territorio capitalino.

El percance mortal de la pipa en Iztapalapa en otra ominosa señal de como la autoridad es laxa en eso de establecer controles en la circulación de unidades móviles que son una bomba de tiempo.

El gobierno capitalino no está preparado para enfrentar temas de emergencia o de violencia y menos detectar con anticipación conflictos potenciales que atentan contra la paz social y la misma gobernabilidad.

La manga ancha que tiene Clara Brugada ante movilizaciones dizque estudiantiles que han destrozado, por ejemplo, a  instalaciones de la UNAM tiene más que preocupada a la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que ya conformó una comisión de trabajo presidida por Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación y Omar García Harfuch, titular de la SSC y Alejandro Gertz Manero, Fiscal General,  para evitar que sucesos violentos como el del 2 de octubre no vuelvan a ocurrir en el futuro, además de realizar las  investigaciones correspondientes  para deslindar responsabilidades de la propia Jefa de Gobierno capitalino y de diversos liderazgos de Morena en la capital del país.

Las imágenes de los actos vandálicos en la Ciudad de México en donde se aprecian elementos policiacos ardiendo en llamas o el derribo de cortinas para saquear joyerías y otros establecimientos, aparecieron en los principales diarios del mundo y ello en la víspera de la inauguración del mundial de futbol que se celebrará en la capital del país dentro de 10 meses, con lo que surge la real preocupación de si México está preparado para organizar este tipo de eventos que congregan a millones de aficionados con una cobertura mundial  en los medios de comunicación.

De hecho, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha declarado en más de una ocasión, que le gustaría que el partido inaugural fuera en ese país y no en el estadio Azteca por el riesgo que representa para la seguridad de los asistentes.

El haber subestimado al grupo de criminales que esbozados y con la consigna de sembrar el caos, marcharon el 2 de octubre, infiltrados en la marcha conmemorativa por  los funestos acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 1968, conlleva una grave responsabilidad de la Jefa de Gobierno y de su secretario de Gobierno, Cesar Cravioto, por mandar a la guerra y sin fusil a 500 elementos para resguardar el orden, cuando en un partido de futbol de fin de semana comisionan alrededor de tres mil policías.

Dicen ellos que no son un gobierno represor por ello a los grupos que son afines a la 4T los dejan realizar actos vandálicos, pero que no se trate de movilizaciones opositores al régimen, porque allí si mandan toda la caballería para apaciguar a los revoltosos, como a los padres de niños con cáncer,  las madres de desaparecidos o el movimiento feminista.

Hay que decirlo con todas sus letras, una cosa es evitar provocaciones que puedan desencadenar conflictos mayores y otra, resguardar a la ciudadanía y su patrimonio de actos criminales  que, incluso, atentan contra su vida.

Resulta absurdo, por decir lo menos, que luego de las imágenes que registraron los rostros de los delincuentes que prendieron fuego a policías y agredieron a reporteros y encargados de establecimientos comerciales, solo hayan detenido a una persona.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.