El último bastión jurisdiccional para frenar los abusos e injusticias contra un ciudadano o un ente empresarial está por ser destruido por la 4T, tal como ha sucedido con el Poder Judicial y que se refleja en la inoperancia de los tribunales en donde han sido nombrado los juzgadores del oficialismo; se trata de la figura del amparo que tutela y protege los derechos fundamentales.
El amparo en nuestro país es un recurso legal, o juicio, que protege los derechos humanos y las garantías constitucionales de las personas frente a actos u omisiones de autoridades o particulares que los violen. Es un medio de control de la constitucionalidad de las leyes y de un instrumento fundamental para garantizar el respeto a la Constitución y a los tratados internacionales, restituyendo a los gobernados en el goce de sus derechos.
El amparo revisa la legalidad de los actos y reconstruye el tejido social al permitir que los individuos se reconozcan como sujetos de derechos y exijan respeto, el amparo contribuye a la estabilidad social.
Esta definición breve y resumida es lo que quiere quitar el gobierno de la presidenta Sheinbaum y para justificarse, han convocado en la Cámara de Senadores a un parlamento abierto para que los interesados, expertos y todo aquel especialista, viertan sus opiniones en torno a la reforma en la materia que pretenden hacer.
La experiencia dice que desde que se inventó el parlamento abierto en tiempos de AMLO, resultó ser un ejercicio inútil y para engañabobos, porque todo lo que se decía en esos ejercicios “democráticos” no sirvieron para nada. Ahora se replica el ejercicio y el ejemplo más claro lo tenemos a la vista con la reforma a la Ley de Amparo.
Como es costumbre, desde la mañanera, la presidenta nos dora la píldora al enumerar las grandes ventajas de la reforma en cuestión: “lo relevante será disminuir los tiempos que emite la SCJN, pues el actual sistema permite interponer amparos que retrasan el cumplimiento de lo que se decida”, advierte la mandataria.
Añade que todo el sistema judicial será más expedito, aunque los legisladores de oposición acusan que la reforma es un intento de consolidar el régimen autoritario al limitar las herramientas legales que protegen a los ciudadanos ante las autoridades. El panista Ricardo Anaya criticó la eliminación de los efectos generales del amparo, las restricciones al interés legítimo y la posibilidad de que la autoridad alegue imposibilidad jurídica o material para no cumplir las sentencias.
El caso es que si faltaba algo para dejar en total indefensión jurídica a los ciudadanos, ahora con la reforma a la ley de amparo se cumple el capricho de AMLO de tener totalmente bajo el designio del presidente en turno al Poder Judicial y dejar sin recursos legales a aquellos ciudadanos incomodos para el régimen.
Para darle una embarrada democrática al mayoriteo del oficialismo en el Congreso en torno a la aprobación de las reformas, arrancará el parlamento respectivo en los próximos días en la Cámara Alta y vendrá todo el numerito en torno a las ponencias y participaciones de los interesados para que al final del día, se autorice la reforma tal como la mando el Ejecutivo al Legislativo. Es decir sin cambiarle una coma.
El quid del asunto, desde la óptica del oficialismo, es establecer que no procederá la suspensión en casos en donde se lesione el interés social o disposiciones de orden público, particularmente en materia administrativa.
Lo anterior significa que si la autoridad decide expropiar inmuebles de particulares en aras de un interés social, no habrá poder legal que impida el atropello.
Esto tan solo es para empezar, ya que el contenido de la reforma es propio de un régimen autoritario como los que ya conocemos de la región como es el caso de Cuba o Venezuela.
Desde luego, los grupos parlamentarios en el Congreso Federal del PAN, PRI, y MC no podrán hacer gran cosa para impedir la eliminación del amparo como se conoce hasta hoy, gracias a las mayorías calificadas artificiales que regaló el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Morena, PT y PVEM.
La voluntad de la presidenta será ley y por ello se ha cambiado todo el andamiaje judicial para que así ocurra.
Que nadie se muestre sorprendido en el futuro ante tal atropello que vulnera los derechos humanos de todos los mexicanos.
