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Desde San Lázaro. Nuevos aranceles y ley aduanera. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

11 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Nuevos aranceles y ley aduanera. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/CONCANACO

Con las reformas a la Ley sobre impuestos de importación y exportación y reformas a la ley aduanera que envió el Ejecutivo al Legislativo, se busca, por un lado, asegurar e incentivar que el crecimiento mexicano se traduzca en una industrialización nacional sólida, diversificada, soberana y socialmente incluyente; y por otro, mejorar la competitividad y combatir la evasión fiscal cerrando las puertas al contrabando.

Las reformas a la ley sobre impuestos de importación propone establecer aranceles a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio.

En el documento, enviado a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, se expone que, a través de la actualización y establecimiento de aranceles, México podrá incentivar la producción nacional de bienes intermedios y finales en sectores estratégicos, como transporte y movilidad, alta tecnología, semiconductores, equipos médicos, farmacéutica y aeroespacial; reducir la dependencia de ciertas importaciones de insumos, asegurando que la industria mexicana aumente su capacidad de integración productiva y valor agregado.

Además, proteger el empleo y fortalecer el mercado laboral, ya que una mayor participación de las empresas nacionales en cadenas de proveeduría genera trabajos mejor remunerados y con estabilidad; corregir distorsiones comerciales, garantizando condiciones justas de competencia para los productores nacionales frente a prácticas desleales у políticas de subsidios externos, así como alinear la política arancelaria con una visión de desarrollo sustentable y regional.

La iniciativa es acorde con el derecho internacional, toda vez que la importación de mercancías originarias de los países con los que México tiene celebrado un tratado en materia comercial, de cubrir los requisitos establecidos en los mismos, se realizará bajo el trato arancelario preferencial de mercancías originarias previsto en el instrumento internacional que corresponda.

Por otra parte, se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Baja,  la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, cuya finalidad es mejorar, fortalecer y modernizar la legislación aduanera mexicana de forma que todos los actores que participan en el comercio exterior puedan llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente posible, mejorar la competitividad del país y combatir la evasión y elusión fiscal, cerrando las puertas a la subvaluación y al contrabando.

Las propuestas de modificación surgen como respuesta al incremento de operaciones que el país ha tenido en temas de comercio exterior. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 el valor de las exportaciones totales de mercancías fue de 617,100 millones de dólares (mdd) y el de las importaciones de 625,312 mdd, que en conjunto se estima equivalen al 67 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tal situación justifica la necesidad de contar con una Ley Aduanera que responda a las necesidades actuales del intercambio comercial internacional, estableciendo el andamiaje jurídico necesario para que alcance su potencial como detonador del crecimiento económico.

Las medidas propuestas por el gobierno buscan corregir estas deficiencias mediante una serie de reformas estratégicas que, entre otras, estén orientadas a modernizar las aduanas, fortalecer los controles de las autoridades aduaneras, especialmente en aquellos regímenes en los que se han detectado la incidencia de prácticas indebidas, y establecer mecanismos efectivos para garantizar el pago de contribuciones en operaciones de comercio exterior.

Entre otras cuestiones, se contempla incluir la definición de Régimen Aduanero, el cual será el destino que, de conformidad con el Título Cuarto de la Ley, determina el tratamiento jurídico que se dará a las mercancías sujetas a despacho.

La propuesta de reforma señala que para obtener la autorización de entrada y salida de mercancía, se deberá contar con el sistema tecnológico que integre los sistemas electrónicos de control de inventarios volumétricos, cuando corresponda; de vigilancia, seguridad, trazabilidad y monitoreo en tiempo real de las mercancías que ingresen, permanezcan o salgan del lugar, que interoperen con el sistema electrónico aduanero y con acceso remoto continuo a las autoridades aduaneras.

AUMENTOS DE IMPUESTOS RECHAZADOS POR LA POBLACIÓN.

Con el pretexto de que se a cuidar la salud de los mexicanos, se aumentaron los impuestos para los refrescos, acción que en automático generó el rechazo del 70 por ciento de la población y ello de suyo, debilita necesariamente la popularidad de la presidenta.

La encuesta de opinión pública de la consultoría Info Point realizada a 1,200 personas, vía telefónica y en redes sociales, entre el 4 y 5 de septiembre, arrojó el resultado referido y no solo eso, sino que el 75 por ciento afirmó que el incrementó no afectará la economía familiar, echando por tierra el argumento oficial de que con el incremento de impuestos se reducirá el consumo de las aguas azucaradas.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.