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Desde San Lázaro. Huachicoleo sin peces gordos. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

10 Sep 2025
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Desde San Lázaro. Huachicoleo sin peces gordos. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SEMAR_mx

Bien por el operativo coordinado entre varios dependencias del gobierno federal para combatir el huachicoleo fiscal que no solo dejó al descubierto el enorme boquete para las finanzas públicas (200 mil millones pesos y contando), sino la participación de altos mandos de la Marina que han manchado a esa institución y si bien una golondrina no hace verano, la verdad es que ha pegado en la confianza y credibilidad de esa institución , sobre todo porque en la maquinaria de la delincuencia organizada participaron dos sobrinos del alto rango del secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, en tiempos de López Obrador.

Mal porque se intenta proteger al tabasqueño y nada menos que a Ojeda Durán.

El tamaño del huachicoleo en donde no solo se movieron barcos, sino también vagones-tanques, pipas, almacenes e incluso mini refinerías, requiere no solo de la participación de Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías, sobrinos de Ojeda, sino también de funcionarios de altísimo nivel que abrieron las aduanas y que posibilitaron a que los buques y vagones de carga de ferrocarril y toda la logística para mover cantidades gigantescas de hidrocarburos por todo el norte del país, se movieran a sus anchas.

Para que entendamos la capacidad de estos criminales en traficar gasolinas y diésel sin que nadie se percatara de ello, solo hay un ente público que puede realizar este tipo de tránsito de combustibles y es PEMEX y fuera de la petrolera, no existe la posibilidad de que se pudiera operar a gran escala este nivel de fraude fiscal y tránsito de combustibles.

La verdad, todo apesta y si no fuera por la visita de Marco Rubio, Secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, seguiríamos creyendo que el huachicoleo ocurre por obra del espíritu santo.

Debería venir más a México uno de los principales colaboradores del presidente Donald Trump para que sigan las acciones contra la delincuencia organizada y sus cómplices incrustados en altas esferas del gobierno.

Las implicaciones políticas representan un golpe a la línea de flotación de la 4T y al proyecto político de AMLO porque este enorme acto de corrupción se generó en el corazón de su administración.

Con minimizar el caso no se logrará deslindar a López Obrador y al mismo  Rafael Ojeda.

Los empresarios involucrados en el caso, no hubieran podido por si solos, echar a andar uno de los mayores casos de corrupción a nivel de escándalo mundial, de la administración de AMLO, sin la colaboración de funcionarios cercanos al presidente de la República.

López Obrador se llenaba la boca con insistir  que ya se había acabado el huachicol, cuando en realidad ocurría  toda una operación de Estado para traficar el combustible proveniente de Estados Unidos de forma clandestina  y de la misma ordeña de los ductos de Petróleos Mexicanos.

Es un tema de corrupción del gobierno de AMLO y todo lo demás que haga su sucesora solo alienta y confirma más esta versión.

Apenas se abrió la Caja de Pandora por parte de la Fiscalía General de la República sobre la red del huachicoleo fiscal y ya hay tres  mandos de la Marina muertos y eso apenas es la punta de la madeja de todo lo que representa el fraude contra el fisco y el trasiego ilegal de combustibles

La primera muerte fue la del contralmirante, Fernando Guerrero, asesinado el 8 de noviembre del año pasado en Manzanillo, Colima. Como director general de Recaudación de Aduanas había entregado al secretario de Marina, Rafael Ojeda, una carta en la que denunciaba los actos de corrupción que se cometían en las aduanas, con nombres y apellidos, sin embargo, no hubo pesquisa alguna para ratificar la información proporcionada y lo que sí ocurrió fue el asesinato de Guerrero y el acenso de Manuel Farías a vicealmirante y de su hermano a contralmirante.

El 21 de octubre del año pasado, asesinaron en Colima a Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar B de la delegación de la FGR. Las mismas autoridades federales relacionaron ambos asesinatos con la carta citada.

Ayer se supo del suicidio de Abraham Jeremías Pérez, titular de la Unidad de Prevención Portuaria de Altamira, mencionado por el testigo protegido, el capitán Alejandro Torres Joaquín,  como parte del grupo de integrantes de la Marina que había recibido sobornos para dejar desembarcar el huachicol fiscal.

El día de ayer la presidenta Sheinbaum y fiscal Gertz Manero desmintieron que el suicidio de Jeremías, no tiene nada que ver con el caso, sino que fue por razones personales.

Cuando pensábamos que el caso de la Barredora, el cártel criminal creado en Tabasco, bajo los auspicios de Adán Augusto López, ahora se devela la placa que apunta con letras de oro el huachicoleo fiscal auspiciado por la 4T.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.