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Desde San Lázaro. Avanza el T-MEC, pero regresó William Barr. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

17 Ene 2020
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El escollo más difícil para aprobar el T-MEC se libró el día de ayer en el senado de Estados Unidos y con ello, amén de la firma del mandatario estadounidense Donald Trump, solo faltaría de hacerlo Canadá y con ello, se mantiene  América del Norte como una de las zonas más fuertes del orbe en materia de competitividad comercial.

La abrumadora mayoría de votos a favor del tratado, vertida por los senadores de EU, 89 a favor, 10 en contra, confirma que la negociación dejó complacidos a los representantes populares de aquel país, tanto republicanos como demócratas, además de los principales líderes sindicales.

Se trató de una mala negociación para México, pero al final de días dio certeza, certidumbre y confianza a los inversionistas, mercados y empresarios y todo ello, luego de que se firmó el primer acuerdo entre China y Usa y con ello marcó una tregua en la guerra comercial entre ambas superpotencias.

El nuevo tratado representa una oportunidad extraordinaria para que toda la planta productiva del país se ponga las pilas y se modernice, así como ampliar sus capacidades competitivas para estar a la altura del reto y de las nuevas circunstancias que deja el T-MEC, en el entendido que los grandes tiburones de Estados Unidos se los querrán comer y desplazarlos en la lucha por los mercados.

Entre la intrusión a las normas laboral y el endurecimiento en las reglas de origen en el sector automotriz, tendrá ahora tanto el gobierno de López Obrador como la misma planta productiva del país, ajustarse a los nuevos lineamientos, aunque en ello se vulnere la soberanía del país.

Como se recordará a partir de la primera visita del Fiscal General de Estados Unidos, William Barrs a nuestro país, el pasado 5 de diciembre, se desatoraron “milagrosamente” varios temas, entre ellos, los obstáculos que ponía nuestro país en torno al nuevo tratado, así como la expulsión inmediata de Evo Morales, como el endurecimiento de las acciones contra la migración de Centroamérica.

Da cierto escozor la nueva visita de Barrs a México y por los hechos, no por las declaraciones oficiales, sobre todo del gobierno de la 4T, veremos que “ordenó” el presidente Trump a su homólogo mexicano.

A ver ahora que cedió López Obrador para tener contento al magnate inmobiliario.

No olvidemos que en la carrera reeleccionista del republicano, está el tema mexicano, desde la construcción del muro fronterizo, hasta la intervención directa en los asuntos internos de México, de las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.

Ahora, lo relevante es que ya se aprobó el T.MEC y ello significa oxígeno puro a la economía mexicana y los principales indicadores macroeconómicos que de por si, ya con la recesión técnica que  padecemos, están en picada.

 Ojalá que algunos de los temas de la agenda bilateral que existe entre ambos países, se atiendan lo que son de interés para México, como el mismo tráfico de armas o el respeto a sus derechos humanos de los connacionales que pretenden ingresar a Estados Unidos y no solo los que le interesan a Donald Trump.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.