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Información de los Estados: 23 de abril de 2026

23 Abr 2026
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Información de los Estados: 23 de abril de 2026 Imagen tomada de: https://x.com/conagua_clima

El sábado inicia la Semana Nacional de Vacunación
(23-04-2026) Excélsior, pág. 6

Con la meta de aplicar 1.7 millones de dosis, la Secretaría de Salud realizará la Semana Nacional de Vacunación 2026. Esta jornada, que es totalmente gratuita, se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, bajo el lema Vacunar es amar, en el marco de la 24 Semana de la Vacunación en las Américas y la Semana Mundial de Inmunización.

 

 

En CDMX reformarán la ley para tener rentas razonables y viviendas accesibles
(23-04-2026) 24 horas

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, expuso cifras sobre las viviendas y dijo que, en las zonas centrales, más del 40% destina parte de sus ingresos al alquiler, y en muchos casos los hogares más pobres llegan a gastar hasta la mitad de sus ingresos en este rubro.

 

 

Blindan Feria de Puebla con más de 2 mil elementos
(23-04-2026) 24 horas

El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la seguridad será una prioridad durante la fiesta poblana, con el objetivo de proteger tanto a ciudadanos como a turistas. “Queremos garantizar la seguridad de los ciudadanos y los turistas que vayan”, señaló el mandatario estatal. En medio de la celebración por el 5 de Mayo y tras recientes golpes contra grupos delictivos, el Gobierno de Puebla anunció un operativo especial para blindar la Feria de Puebla 2026, que se realizará del 23 de abril al 10 de mayo.

 

 

Gusano barrenador en México: dos personas mueren por infección en Yucatán y Oaxaca
(23-04-2026) La Silla Rota

A un año de que se reportó el primer caso en humanos, el país acumula a la fecha 253 casos de esta enfermedad en 12 entidades federativas, de acuerdo con el SINAVE, Chiapas es la entidad con más casos con 122, seguida de Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Guerrero y Q Roo.

 

 

Liberan a conductor y despachador del Tren Interoceánico detenidos por descarrilamiento
(23-04-2026) La Razón de México

Ricardo Mendoza Cerón, identificado como jefe de despachadores del Tren Interoceánico, y Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del tren que descarriló el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, fueron puestos en libertad este miércoles. De acuerdo con El Universal, la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal en Chiapas, con residencia en Cintalapa, declaró el sobreseimiento de la causa penal 7/2026 y aprobó la reparación del daño anunciada el pasado 8 de abril por la titular de la Fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

 


México reclama por agentes de la CIA; EU exige empatía
(23-04-2026) 24 Horas, pág. 1, 4

La presencia de agentes de la CIA en Chihuahua abrió un nuevo frente diplomático y político entre México y Estados Unidos, luego de la Casa Blanca reclamó a la presidenta Claudia Sheinbaum una mayor empatía por parte de la muerte de dos estadounidenses, mientras que el gobierno mexicano respondió con un extrañamiento formal a la Embajada de ese país y exigió información de lo ocurrido.

 

 

FGR debe investigar incendio en bodega de frijol en Zacatecas: Sheinbaum
(23-04-2026) La Jornada

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que corresponderá a la Fiscalía General de la República investigar las causas del incendio en una bodega de frijol en Zacatecas. Apenas se están realizando las indagatorias porque hay versiones de que había una quema de llantas cerca de la bodega o si bien determinar si se incendió la bodega de manera deliberada porque entonces habría una responsabilidad.

 

 

Sansores se adelanta a Morena y presenta a Pablo Gutiérrez como virtual candidato
(23-04-2026) La Jornada

El presidente municipal de El Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, fue presentado como el “coordinador estatal para la Defensa de la Transformación en Campeche”, lo que lo posiciona como el virtual candidato de Morena para la gubernatura en los comicios del año próximo.

 

 

Aprueban iniciativa federal sobre feminicidio
(23-04-2026) La Prensa, pág. 3

De manera unánime, legisladores del Congreso de la Ciudad de México, en su calidad de integrante del Constituyente Permanente, aprobaron con 50 votos la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 73, Fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política Federal, en materia de feminicidio, la cual fue enviada por la Cámara de Diputados a los 32 congresos estatales para su dictaminación.

 

 

Asestan golpe a red de petrofactureros
(23-04-2026) Excélsior, pág. 1, 6

En tres acciones diferentes realizadas en los últimos meses, fueron detenidas 27 personas relacionadas con el llamado huachicol fiscal, además del robo de gas LP e hidrocarburos para su venta en diferentes entidades. Derivado del aseguramiento del buque Challenge Procyon, en marzo del año pasado, en Altamira, Tamaulipas, se ubicó a una red de empresas, identificadas como petrofactureras, que operaban bajo esquemas de simulación para comercializar gas LP e hidrocarburos en la zona centro y norte del país; obteniendo hasta 123 mil millones de pesos de ganancias.

 

Reforma pondrá fin a los abusos en reportes al Buró de Crédito
(23-04-2026) La Jornada, pág. 17

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobará la próxima semana una reforma para acabar con las malas prácticas de mantener a los usuarios de la banca en el Buró de Crédito aun cuando ya han cubierto sus deudas. El presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano (Morena), señaló que se prevé fijar un máximo de tres días para que, una vez saldado el adeudo, los bancos informen al buró, así como reducir de seis a tres años la permanencia de los deudores en ese reporte.

 

 

Pago del servicio de la deuda en enero-febrero registró una disminución de 6.4% anual
(23-04-2026) El Economista, pág. 1, 15

El gobierno mexicano destinó, en el primer bimestre del año, 10 de cada 100 pesos al pago del servicio financiero de la deuda (intereses y otras comisiones que deben pagarse por el endeudamiento adquirido), de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

 

Reconoce Ebrard no estar de acuerdo en todo lo visto con Greer
(23-04-2026) El Financiero, pág. 1, 4

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que persisten diferencias entre México y Estados Unidos en el enfoque del nuevo entorno comercial, particularmente frente a la postura del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, quien descartó eliminar aranceles y alejamiento del modelo tradicional de libre comercio. 

Con información de: El Economista, Excélsior, El Financiero, La Jornada, 24 Horas, La Prensa, La Razón de México, La Silla Rota.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.