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Información de los Estados: 5 de marzo de 2026

05 Mar 2026
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Información de los Estados: 5 de marzo de 2026 Imagen tomada de: https://x.com

Crece 22% tasa de sarampión en menores de un año
(05-03-2026) Uno más uno

En un mes, la tasa de incidencia de casos confirmados de sarampión en niños menores de un año de edad por cada 100,000 habitantes aumentó 27.3% en el país al pasar de 47.96 a 61.06. "Con respecto a las defunciones se han confirmado 32 acumuladas en el 2025-2026; distribuidas en 9 estados: Chihuahua 21, Jalisco 3, Sonora, 1, Durango 2, Michoacán 1, Tlaxcala 1, Ciudad de México 1, Chiapas 1 y Guerrero 1", cita el informe de fecha 2 de marzo de 2026.

 

 

Reforma electoral llega con recorte y pluris por voto
(05-03-2026) La Prensa

La iniciativa que ahora está en San Lázaro propone modificar D artículos de la Constitución; se enviará inmediatamente a comisiones. El proyecto de reforma electoral llegó finalmente a la Cámara de Diputados. Luego de amplias negociaciones y marcados desacuerdos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió su iniciativa a los legisladores.

 

 

Admiten plan B electoral
(05-03-2026) Reforma

Ante la falta de consenso con sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, la Presidenta Claudia Sheinbaum admitió que cuenta con un Plan B en caso de que el Congreso no apruebe su iniciativa de reforma electoral. La Mandataria explicó que la propuesta enviada al Legislativo busca modificar la Constitución y que su aprobación dependerá de que Morena y sus aliados alcancen mayoría calificada. Sobre el Plan B dijo que se abordaría "después".

 

 

Gobernador Durazo encabeza política integral contra la violencia hacia las mujeres
(05-03-2026) Radio Sonora

El gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirmó su compromiso con la protección, atención y empoderamiento de las mujeres sonorenses, durante la presentación de acciones estratégicas que consolidan una política pública integral basada en infraestructura especializada, atención con perspectiva de género y fortalecimiento de la autonomía económica.

 

 

Ex fiscal de Ayotzinapa que armó pasarela de disfraces ahora es magistrado laboral
(05-03-2026) Milenio Diario

El ex fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, quien dejó el cargo en medio de señalamientos por corrupción, negligencia e irregularidades administrativas, labora ahora como magistrado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con un sueldo de casi 172 mil pesos brutos mensuales.

 

 

Juez ordena a la defensa entregar "la totalidad" de documentos de Ayotzinapa
(05-03-2026) La Jornada

El juez federal Alan Arrióla ordenó a la Secretaría de Defensa Nacional entregar "la totalidad" de documentos militares sobre el caso Ayotzinapa, generados durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias castrenses. Se trata de 853 folios militares que el juzgado quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.

 

 

Marchemos juntas
(05-03-2026) El Universal

Este 8 de marzo marcharé por y con mis hijas, también lo haré por mi madre que por su edad no puede hacerlo y por todas mis ancestras. Debemos continuar impulsando nuevos pactos sociales que transformen la vida de las mujeres, fortalecer las políticas de Estado y programas que están dirigidos específicamente a las mujeres como, por ejemplo, la Pensión Mujeres Bienestar, la Línea de las Mujeres 079 contra la violencia, y Centros de Justicia para las Mujeres, los cuales en su conjunto han sido fundamentales para mejorar su calidad de vida y desarrollo inclusivo.

 

 

CFE fortalece atención en Michoacán
(05-03-2026) Reporte Índigo

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que de noviembre de 2025 a febrero de 2026 participó en 28 Ferias del Bienestar, atendiendo a mil 285 personas y resolviendo el 100 por ciento de sus solicitudes ciudadanas.

 

 

Silvano Aureoles huyó con ayuda; se habla del CJNG: fiscal de Michoacán
(05-03-2026) El Independiente

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, continúa prófugo de la justicia y, de acuerdo con el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, habría abandonado el país con apoyo del crimen organizado. el funcionario reveló que, de manera extraoficial, se señala al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como la organización que habría facilitado su salida.

 

 

Marcha del 8M en CDMX: horario, puntos de reunión y ruta hacia el Zócalo
(05-03-2026) 24 horas

Miles de mujeres se preparan para tomar las calles de la Ciudad de México este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con una movilización que busca visibilizar la lucha por la igualdad de derechos, la erradicación de la violencia de género y justicia para las víctimas de feminicidio.

 

 

Gusano barrenador alcanza el norte del Edomex
(05-03-2026) El Sol de Toluca

El diagnóstico positivo en un becerro de la comunidad de El Cielito, en Atlacomulco, que no solo encendió las alertas sanitarias, sino, evidenció a decir de productores, que la prevención no fue suficiente y que la crisis que se anticipaba finalmente llegó.



Reportan desaparición de otra alumna de la UAEM en Mazatepec
(05-03-2026) La Jornada

A 4 días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, Karol Toledo Gómez, estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, de la Universidad Autónoma del Estado Morelos se encuentra desaparecida; mientras, la comunidad de esa institución educativa se manifestó por quinto día consecutivo en repudio a la desaparición y feminicidio de su compañera del campus Chamilpa, Kimberly Joselín Ramos.
 

 

En marcha, primer campo petrolero mexicano en aguas profundas
(05-03-2026) El Economista

En el Patio de Puertos Integrales del Sureste, ubicado en el puerto de Altamira, este miércoles se llevó a cabo el banderazo de inicio de actividades del campo Trión del Golfo de México, que contará con una inversión de 10,400 mdd a lo largo de la vida del proyecto y arrancará su producción en 2028, para aportar 100,000 barriles diarios de petróleo a la extracción nacional en su pico productivo. 

Con información de: La Jornada, El Universal, Reforma, Uno más uno, El Economista, El Independiente, El Sol de Toluca, Reporte Índigo, La Prensa, Milenio Diario.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.