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Desde San Lázaro. Teotihuacán en el ombligo del mundo. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

22 Abr 2026
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Desde San Lázaro. Teotihuacán en el ombligo del mundo. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/TeotihuacanOfic

El atentado contra turistas en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, que cobró la vida de una visitante canadiense, no solo sacude por su brutalidad, sino por el momento en que ocurre: a escasos 50 días de que México se convierta en uno de los epicentros del Mundial de futbol. La escena es inquietante. Un sitio arqueológico emblemático, símbolo de nuestra identidad y uno de los destinos más visitados del país, convertido en escenario de violencia contra extranjeros. La alarma, inevitablemente, ha cruzado fronteras.

México está bajo la lupa internacional. En condiciones normales, un hecho de esta naturaleza ya sería motivo de preocupación diplomática y turística; en el contexto actual, adquiere una dimensión mucho mayor. El Mundial no solo es una fiesta deportiva: es una vitrina global en la que se exhibe la capacidad de un país para organizar, garantizar seguridad y proyectar confianza. Hoy, esa confianza enfrenta un golpe severo.

El reto para el gobierno mexicano en materia de seguridad es mayúsculo. No se trata únicamente de desplegar operativos para proteger estadios, aeropuertos y zonas turísticas durante el torneo. La exigencia es más profunda: demostrar que el Estado tiene control territorial y capacidad de respuesta frente a amenazas, tanto del crimen organizado como de posibles actos de terrorismo. Y ahí es donde el panorama se complica.

El gabinete de seguridad federal ya enfrenta una presión cotidiana en su lucha contra los grupos criminales. Homicidios, extorsiones, tráfico de drogas, desaparecidos y violencia generalizada forman parte del diagnóstico diario. A esta realidad se suma ahora la responsabilidad de blindar un evento de talla mundial, con millones de visitantes y la atención permanente de medios internacionales. No es exagerado decir que se trata de una prueba de fuego para la administración federal.

El ataque en Teotihuacán abre una interrogante inquietante: ¿estamos frente a un hecho aislado o ante la posible presencia de células con motivaciones más complejas? La narrativa oficial tenderá, como suele ocurrir, a minimizar el episodio bajo la hipótesis de un agresor solitario. Sin embargo, en un contexto global marcado por amenazas difusas, radicalización y violencia indiscriminada, descartar cualquier línea de investigación sería un error estratégico.

La experiencia internacional demuestra que los grandes eventos deportivos son objetivos potenciales para grupos que buscan visibilidad mediática. Así ocurrió en distintas latitudes, donde la seguridad tuvo que evolucionar hacia esquemas de cooperación multinacional, inteligencia compartida y protocolos de reacción inmediata. México no puede ni debe enfrentar este desafío en solitario.

El Mundial que está por celebrarse es, por definición, un esfuerzo trinacional. México, Estados Unidos y Canadá comparten no solo la organización logística, sino también la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad adecuadas. En ese sentido, la cooperación internacional no es una opción, sino una necesidad urgente. Intercambio de inteligencia, coordinación de fuerzas de seguridad y protocolos conjuntos deben activarse desde ahora, no cuando el torneo esté en marcha.

Paradójicamente, este imperativo de colaboración ocurre en medio de tensiones con Estados Unidos, tras la muerte de dos agregados (agentes de la CIA) de su embajada en un “accidente” en Chihuahua, derivado de un operativo antidrogas. El episodio ha generado fricciones diplomáticas que, aunque manejadas con cautela, evidencian la fragilidad de la relación en temas sensibles. Y, sin embargo, es precisamente en este terreno donde más se necesita entendimiento y coordinación.

La seguridad no admite posturas ideológicas ni cálculos políticos. Frente a riesgos potenciales, la única ruta viable es la cooperación. México no puede darse el lujo de enviar señales de debilidad o descoordinación, mucho menos cuando la mirada del mundo está a punto de centrarse en su territorio.

Desde ahora, la lógica debería ser la de una alerta máxima. No se trata de generar pánico, sino de asumir con seriedad la magnitud del desafío. La prevención, la inteligencia y la presencia efectiva de las fuerzas de seguridad serán claves para evitar que episodios como el de Teotihuacán se repitan.

Pero hay un elemento adicional que no debe perderse de vista: la percepción. En el ámbito turístico, la confianza es tan importante como la seguridad misma. Un solo incidente puede tener efectos multiplicadores en la imagen del país. Cancelaciones, advertencias de viaje y cobertura mediática negativa pueden erosionar rápidamente la expectativa positiva que genera un evento como el Mundial.

México está ante una encrucijada. El Mundial representa una oportunidad histórica para proyectarse como un país moderno, capaz y seguro. Pero también implica riesgos que, de no gestionarse adecuadamente, pueden derivar en costos políticos, económicos y reputacionales significativos.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.