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Desde San Lázaro. Teotihuacán en el ombligo del mundo. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

22 Abr 2026
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Desde San Lázaro. Teotihuacán en el ombligo del mundo. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/TeotihuacanOfic

El atentado contra turistas en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, que cobró la vida de una visitante canadiense, no solo sacude por su brutalidad, sino por el momento en que ocurre: a escasos 50 días de que México se convierta en uno de los epicentros del Mundial de futbol. La escena es inquietante. Un sitio arqueológico emblemático, símbolo de nuestra identidad y uno de los destinos más visitados del país, convertido en escenario de violencia contra extranjeros. La alarma, inevitablemente, ha cruzado fronteras.

México está bajo la lupa internacional. En condiciones normales, un hecho de esta naturaleza ya sería motivo de preocupación diplomática y turística; en el contexto actual, adquiere una dimensión mucho mayor. El Mundial no solo es una fiesta deportiva: es una vitrina global en la que se exhibe la capacidad de un país para organizar, garantizar seguridad y proyectar confianza. Hoy, esa confianza enfrenta un golpe severo.

El reto para el gobierno mexicano en materia de seguridad es mayúsculo. No se trata únicamente de desplegar operativos para proteger estadios, aeropuertos y zonas turísticas durante el torneo. La exigencia es más profunda: demostrar que el Estado tiene control territorial y capacidad de respuesta frente a amenazas, tanto del crimen organizado como de posibles actos de terrorismo. Y ahí es donde el panorama se complica.

El gabinete de seguridad federal ya enfrenta una presión cotidiana en su lucha contra los grupos criminales. Homicidios, extorsiones, tráfico de drogas, desaparecidos y violencia generalizada forman parte del diagnóstico diario. A esta realidad se suma ahora la responsabilidad de blindar un evento de talla mundial, con millones de visitantes y la atención permanente de medios internacionales. No es exagerado decir que se trata de una prueba de fuego para la administración federal.

El ataque en Teotihuacán abre una interrogante inquietante: ¿estamos frente a un hecho aislado o ante la posible presencia de células con motivaciones más complejas? La narrativa oficial tenderá, como suele ocurrir, a minimizar el episodio bajo la hipótesis de un agresor solitario. Sin embargo, en un contexto global marcado por amenazas difusas, radicalización y violencia indiscriminada, descartar cualquier línea de investigación sería un error estratégico.

La experiencia internacional demuestra que los grandes eventos deportivos son objetivos potenciales para grupos que buscan visibilidad mediática. Así ocurrió en distintas latitudes, donde la seguridad tuvo que evolucionar hacia esquemas de cooperación multinacional, inteligencia compartida y protocolos de reacción inmediata. México no puede ni debe enfrentar este desafío en solitario.

El Mundial que está por celebrarse es, por definición, un esfuerzo trinacional. México, Estados Unidos y Canadá comparten no solo la organización logística, sino también la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad adecuadas. En ese sentido, la cooperación internacional no es una opción, sino una necesidad urgente. Intercambio de inteligencia, coordinación de fuerzas de seguridad y protocolos conjuntos deben activarse desde ahora, no cuando el torneo esté en marcha.

Paradójicamente, este imperativo de colaboración ocurre en medio de tensiones con Estados Unidos, tras la muerte de dos agregados (agentes de la CIA) de su embajada en un “accidente” en Chihuahua, derivado de un operativo antidrogas. El episodio ha generado fricciones diplomáticas que, aunque manejadas con cautela, evidencian la fragilidad de la relación en temas sensibles. Y, sin embargo, es precisamente en este terreno donde más se necesita entendimiento y coordinación.

La seguridad no admite posturas ideológicas ni cálculos políticos. Frente a riesgos potenciales, la única ruta viable es la cooperación. México no puede darse el lujo de enviar señales de debilidad o descoordinación, mucho menos cuando la mirada del mundo está a punto de centrarse en su territorio.

Desde ahora, la lógica debería ser la de una alerta máxima. No se trata de generar pánico, sino de asumir con seriedad la magnitud del desafío. La prevención, la inteligencia y la presencia efectiva de las fuerzas de seguridad serán claves para evitar que episodios como el de Teotihuacán se repitan.

Pero hay un elemento adicional que no debe perderse de vista: la percepción. En el ámbito turístico, la confianza es tan importante como la seguridad misma. Un solo incidente puede tener efectos multiplicadores en la imagen del país. Cancelaciones, advertencias de viaje y cobertura mediática negativa pueden erosionar rápidamente la expectativa positiva que genera un evento como el Mundial.

México está ante una encrucijada. El Mundial representa una oportunidad histórica para proyectarse como un país moderno, capaz y seguro. Pero también implica riesgos que, de no gestionarse adecuadamente, pueden derivar en costos políticos, económicos y reputacionales significativos.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.