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Desde San Lázaro. Una reaparición perversa. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

17 Mar 2026
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Desde San Lázaro. Una reaparición perversa. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/lopezobrador_

En política, las ausencias también comunican. Y a veces, el silencio es la mejor forma de respetar los tiempos institucionales. Por eso resulta particularmente llamativa la reaparición de Andrés Manuel López Obrador en redes sociales para promover la recaudación de recursos a través de una asociación civil denominada Humanidad con América Latina, en favor de la causa cubana.

Después de meses de una supuesta vida retirada de la política pública, el tabasqueño decidió volver al espacio público no para opinar sobre los desafíos nacionales ni para acompañar institucionalmente a la nueva presidenta, sino para convocar a sus seguidores a reunir dinero con destino a Cuba. El gesto, además de inesperado, plantea interrogantes de fondo.

Primero, por la oportunidad política. México atraviesa una etapa que exige prudencia de quienes ya ejercieron el poder. Las transiciones se consolidan cuando los liderazgos salientes permiten que quienes gobiernan construyan su propio espacio. En ese sentido, la irrupción del exmandatario resulta innecesaria y, en cierta medida, irrespetuosa con la investidura presidencial actual. La política exterior, la solidaridad internacional y cualquier iniciativa que involucre recursos y movilización pública deberían canalizarse, en todo caso, a través de las instituciones del Estado mexicano, no mediante convocatorias personales de un expresidente desde redes sociales.

La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum tampoco pasó desapercibida. Lejos de marcar distancia institucional frente a la iniciativa personal del expresidente, la mandataria expresó públicamente su disposición a aportar recursos a la cuenta promovida por López Obrador. Más allá del gesto político, la postura plantea una interrogante relevante sobre la delgada línea entre la solidaridad personal y la validación política de una convocatoria que no pasa por los canales institucionales del Estado.

A ello se suma un elemento aún más incómodo: la omisión frente a la situación de derechos humanos en la isla. Mientras distintos organismos internacionales han documentado durante años restricciones severas a las libertades civiles, persecución a opositores y represión de la disidencia en Cuba, el respaldo político a una campaña de recaudación sin matices termina enviando un mensaje de tolerancia frente a esas violaciones. La solidaridad con un pueblo no debería implicar silencio frente a las condiciones políticas que explican buena parte de su sufrimiento.

Pero hay un segundo punto aún más delicado: la naturaleza misma de la convocatoria. Cuando una figura con la capacidad de movilización política de López Obrador pide dinero para una causa extranjera, inevitablemente surgen preguntas sobre los mecanismos de recaudación, la trazabilidad de los recursos y los riesgos asociados. En un país que ha batallado durante décadas para fortalecer sus controles contra el financiamiento irregular y el lavado de dinero, las campañas de recaudación política informal no deberían normalizarse. 

No se trata de cuestionar la solidaridad con otros pueblos. México ha sido históricamente generoso con las causas internacionales. Pero la solidaridad también exige responsabilidad y transparencia.

Y hay, además, una cuestión de prioridades.

Si la intención es apoyar a los sectores más vulnerables, México ofrece un doloroso catálogo de urgencias. Basta recorrer cualquier estado del país para encontrar comunidades sin acceso pleno a servicios de salud, escuelas deterioradas, entidades sin seguridad pública efectiva, familias que siguen esperando justicia por sus desaparecidos o madres buscadoras que cargan con la ausencia y con la indiferencia institucional.

El país tiene millones de mexicanos que sobreviven en condiciones de pobreza y marginación. Tiene pacientes que no encuentran medicamentos, jóvenes que abandonan las aulas por falta de oportunidades y comunidades enteras que reclaman vivienda digna y servicios básicos.

En ese contexto, resulta legítimo preguntarse por qué el llamado a la solidaridad no empieza por casa.

Más aún cuando la situación del pueblo cubano —sumido en una crisis económica profunda— está íntimamente ligada a un régimen político que durante décadas ha restringido libertades y cerrado espacios democráticos. La pobreza que hoy viven millones de cubanos no puede entenderse sin el peso de ese sistema.

La solidaridad auténtica con Cuba debería empezar por reconocer esa realidad y por acompañar las aspiraciones de libertad y prosperidad de su pueblo.

La reaparición del expresidente, entonces, no sólo resulta políticamente inoportuna. También revive una vieja visión ideológica que privilegia las causas simbólicas del exterior mientras México enfrenta problemas urgentes en casa.

AMLO es un mentiroso por antonomasia, prometió su retiro definitivo de la política y ocurrió justamente lo contrario y no lo decimos por su nueva reaparición pública, sino por su activismo político permanente en asuntos de la administración actual. El tabasqueño sigue ejerciendo el poder por las constantes evidencias de ello.

No me quiero imaginar la molestia que causó en la Casa Blanca, en Washington, el llamado de López Obrador para apoyar a la dictadura cubana, cuando el presidente Trump está empeñado en terminar con la mayor pesadilla de la isla.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.