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Desde San Lázaro. PVEM y PT ante su inevitable extinción. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

12 Mar 2026
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Desde San Lázaro. PVEM y PT ante su inevitable extinción. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Mx_Diputados

En los pasillos de San Lázaro comienza a percibirse un olor fétido, como a olor de cadáver. No se trata únicamente de la habitual disputa parlamentaria o de los ajustes naturales en el equilibrio de fuerzas dentro del Congreso. Lo que se vislumbra ahora es algo más profundo: la posible desaparición o irrelevancia de partidos que durante décadas formaron parte del sistema político mexicano, mientras en paralelo empiezan a perfilarse nuevas franquicias políticas listas para ocupar el espacio que quede vacante.

El detonante de esta sacudida es la reforma electoral que impulsa el bloque gobernante. Más allá del contenido técnico de la iniciativa, el verdadero terremoto está ocurriendo en la arena política, donde las alianzas que parecían inquebrantables comienzan a mostrar grietas cada vez más evidentes.

La discusión ha colocado en una posición particularmente incómoda a dos de los aliados tradicionales del oficialismo: el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Ambos partidos se encuentran frente a un dilema que en política pocas veces aparece con tanta crudeza: apoyar la reforma y asumir las consecuencias que podrían poner en riesgo su propia existencia, o rechazarla y enfrentarse abiertamente con el poder presidencial.

En otras palabras, si respaldan la reforma se hacen el harakiri político; si votan en contra, firman su sentencia de muerte al desafiar directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

La paradoja es evidente. Durante años, tanto el PT como el Partido Verde Ecologista de México sobrevivieron gracias a su capacidad para alinearse con el poder en turno, convirtiéndose en socios funcionales de proyectos políticos más grandes. Hoy, esa misma lógica de supervivencia parece haber llegado a un punto de agotamiento.

La reforma electoral modificará, si es aprobada en los términos en los que está planteada la iniciativa presidencial, de forma sustancial las reglas de representación política, el financiamiento y el marco constitucional electoral. En ese escenario, las organizaciones políticas pequeñas quedarían expuestas a un terreno mucho más competitivo y con menos margen para la supervivencia artificial que durante décadas les brindó el sistema.

En privado, algunos legisladores admiten que el problema no es sólo jurídico, sino político. El rediseño del sistema podría provocar una depuración natural del espectro partidista, en la que varias siglas históricas terminarían convertidas en simples notas al pie de página.

El caso del PRI es ilustrativo. El partido que gobernó México durante más de siete décadas atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. La pérdida constante de gubernaturas, la reducción de su presencia legislativa y la erosión de su estructura territorial han dejado a la organización en una situación que muchos describen ya como terminal.

Aunque el PRI aún conserva espacios de poder y un aparato político significativo, su influencia dista mucho de la que tuvo durante gran parte del siglo XX. La pregunta que empieza a plantearse en San Lázaro no es si el partido puede recuperar su fuerza, sino cuánto tiempo más podrá sostener su papel como actor relevante dentro del sistema político.

Mientras algunos partidos enfrentan el riesgo de extinguirse, otros colectivos (Que Siga la Democracia, Somos MX, México Tiene Vida, PAZ) esperan la aprobación del INE para convertirse en partidos políticos. En la política mexicana, las franquicias partidistas siempre han tenido un valor estratégico: ofrecen registro, financiamiento público y la posibilidad de negociar posiciones dentro del sistema político.

La historia del país demuestra que las transformaciones partidistas suelen ocurrir en momentos de reconfiguración del poder. Cuando una fuerza dominante se consolida, las organizaciones que la rodean tienden a adaptarse, fusionarse o desaparecer.

Hoy, el predominio del oficialismo y la centralidad del liderazgo presidencial están empujando al sistema hacia una nueva etapa. En ese proceso, los partidos satélites que durante años funcionaron como aliados estratégicos enfrentan el riesgo de volverse prescindibles.

En los corrillos del Palacio Legislativo algunos ya hablan de una “segunda transición” del sistema de partidos, en la que el mapa político podría simplificarse drásticamente. Menos partidos, menos intermediarios y una competencia más directa entre grandes bloques.

Sin embargo, otros advierten que la política mexicana rara vez deja vacíos. Cada vez que una organización desaparece, otra surge para ocupar su lugar. Las siglas cambian, los liderazgos se reciclan y las alianzas se reinventan.

Por eso, mientras algunos partidos enfrentan su posible ocaso, otros actores se preparan para irrumpir en el escenario político. En un país donde la política también funciona como industria, las franquicias partidistas nunca dejan de ser un negocio atractivo.

La reforma electoral, con su aprobación o rechazo, lejos de ser únicamente una discusión técnica y retórica podría convertirse en el punto de inflexión que redefina el sistema de partidos en México durante la próxima década.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.