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Desde San Lázaro. Un mundial entre las patas de los criminales. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

27 Feb 2026
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Desde San Lázaro. Un mundial entre las patas de los criminales. Por: Alejo Sánchez Cano Captura de imagen: https://x.com/Canal22

El reloj político no siempre coincide con el reloj histórico. Pero hay momentos en que ambos marcan la misma hora. Hoy, a poco más de tres meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, es el momento adecuado para tomar decisiones de fondo en nuestro país en materia de seguridad y ello no es un asunto retórico: es una necesidad estratégica de Estado.

La organización del Mundial no es solamente una vitrina deportiva; es un escaparate geopolítico, económico y social. Millones de ojos estarán puestos en lo que ocurra dentro y fuera de los estadios. En nuestro país, sedes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y otras ciudades no sólo recibirán turistas, selecciones y patrocinadores; también estarán bajo el escrutinio internacional en términos de gobernabilidad y seguridad pública.

El reciente asesinato del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, y la caída de otros cabecillas de esa organización abren un escenario complejo. Por un lado, el golpe asentado a los narcoterroristas más expansivo de los últimos años representa un mensaje de autoridad del Estado. Por el otro, la experiencia indica que los vacíos de poder dentro de las estructuras criminales suelen detonar reacomodos violentos, disputas internas y ajustes de cuentas que buscan demostrar fuerza territorial.

Será el mundial de fut una fiesta o un campo de tensión soterrada.

En el congreso se deberían estar discutiendo en estos momentos reformas en materia de inteligencia, coordinación interinstitucional y fortalecimiento presupuestal para las fuerzas de seguridad. No basta con operativos reactivos. Se requiere una estrategia preventiva con tres ejes claros: blindaje territorial, control financiero y narrativa institucional.

El blindaje territorial implica mucho más que patrullajes visibles en las sedes mundialistas. Supone intervenir de manera quirúrgica las rutas logísticas del crimen organizado: puertos, aduanas, carreteras y nodos urbanos donde históricamente han operado células delictivas. La colaboración con el gobierno de Estados Unidos y Canadá será determinante. La seguridad del Mundial es trinacional y cualquier fisura en uno de los países repercutirá en la percepción global del evento.

El segundo eje, el control financiero, es quizá el más delicado. Los grandes eventos deportivos suelen convertirse en espacios propicios para el lavado de dinero a través de empresas fachada, contratos inflados y operaciones inmobiliarias. Aquí el Poder Legislativo tiene una tarea pendiente: robustecer los mecanismos de fiscalización, transparentar adjudicaciones y cerrar las puertas a capitales de origen ilícito que busquen “blanquearse” al amparo del entusiasmo mundialista.

El tercer eje es la narrativa institucional. Los grupos antisistémicos, como los cárteles de la droga, no sólo operan con armas; también disputan la narrativa. Buscan enviar mensajes de desafío al Estado mediante actos espectaculares que capten la atención mediática internacional. La cercanía del Mundial puede convertirse en un incentivo perverso para intentar sabotear la imagen del país.

El gobierno federal debe anticiparse y construir una narrativa de control, coordinación y legalidad. Minimizar riesgos sin caer en triunfalismos. Reconocer los desafíos sin magnificar la amenaza. La línea es delgada.

 En el contexto postelectoral y con un Congreso en plena reconfiguración de fuerzas, las decisiones que se adopten en los próximos meses marcarán la pauta. No se trata de militarizar por reflejo, ni de sobrerreaccionar con medidas que vulneren derechos. Se trata de entender que la seguridad del Mundial es un asunto de seguridad nacional y de reputación internacional.

La historia reciente demuestra que los grandes eventos pueden ser aprovechados por actores violentos para enviar señales de poder. México no puede darse el lujo de que la fiesta deportiva más importante del planeta sea utilizada como plataforma de propaganda criminal.

Hay, además, un componente económico ineludible. La FIFA estima que la derrama económica será histórica para los tres países anfitriones. En el caso mexicano, la inversión en infraestructura, hotelería y servicios está en marcha. Pero esa derrama sólo se consolidará si existe certidumbre. La percepción de inseguridad es un impuesto invisible que ahuyenta turistas e inversionistas.

El asesinato del Mencho marca un punto de inflexión. Es una oportunidad para debilitar estructuralmente a uno de los grupos criminales más violentos del país. Pero también es un momento de riesgo si no se gestionan con inteligencia los reacomodos internos y las posibles alianzas entre facciones.

El Mundial 2026 no espera. El calendario avanza con precisión suiza. El timing político, en cambio, suele diluirse entre debates y cálculos electorales. Hoy, más que nunca, ambos relojes deben sincronizarse.

Porque si el Estado actúa con anticipación, coordinación y firmeza, la Copa del Mundo será un escaparate de capacidad institucional y hospitalidad. Pero si se subestima la dimensión del desafío, el escaparate podría ser utilizado por quienes buscan exactamente lo contrario: exhibir debilidad y sembrar miedo al fiel estilo del terrorismo.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.