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Desde San Lázaro. El deslinde gradual entre Sheinbaum y AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

03 Feb 2026
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Desde San Lázaro. El deslinde gradual entre Sheinbaum y AMLO. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/adan_augusto

La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de los senadores de Morena y de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado no es un simple ajuste administrativo ni un relevo rutinario. Diga lo que se diga desde la narrativa oficial, se trata de una decisión política de alto calibre que fortalece de manera directa el proyecto político de la presidenta Claudia Sheinbaum y debilita, quizá como nunca antes, la influencia real de Andrés Manuel López Obrador.

No es un dato menor: a López Hernández, el “hermano” político del expresidente, le quitan el control del presupuesto de la Cámara alta, el manejo de los acuerdos internos, la distribución de posiciones estratégicas y, sobre todo, la interlocución privilegiada con la presidenta de la República. En política, perder el control del dinero y de la agenda equivale, simple y llanamente, a perder el poder.

Durante los últimos ocho meses, Adán Augusto fue un factor de tensión permanente para Palacio Nacional. No sólo por su estilo personalísimo de ejercer el mando, sino porque se convirtió en un dique para la consolidación de la agenda legislativa presidencial. Mientras que en San Lázaro Ricardo Monreal cumple, a ciencia cabal, las indicaciones de la doctora Sheinbaum, en el Senado Adán Augusto se hacía como que “la Virgen le hablaba”, administrando tiempos, pateando acuerdos y jugando a la autonomía y al despliegue de su propia agenda para apoyar a senadoras para ganar candidaturas de su partido.

Pero el relevo no puede explicarse únicamente en términos de disciplina legislativa. Los graves señalamientos que pesan sobre Adán Augusto López Hernández por sus vínculos con Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora” y exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, justo cuando él era gobernador, minaron de manera severa su viabilidad política. A ello se suma el manejo exorbitante de recursos económicos que no corresponde a sus ingresos conocidos, un tema que, en cualquier democracia funcional, habría detonado investigaciones formales y consecuencias inmediatas.

Con ese lastre, Adán Augusto se convirtió en un estorbo para la presidenta. No sólo porque su permanencia erosionaba el discurso de orden, legalidad y control político, sino porque hacía prácticamente imposible alinear al Senado para sacar adelante las reformas estratégicas del nuevo gobierno. En pocas palabras: se volvió un problema, no una solución.

La llegada de Ignacio Mier al pastoreo de los senadores de Morena y a la presidencia de la Jucopo no es casual ni improvisada. Responde a una lógica clara de transición política, operación legislativa y lealtad institucional. Mier entiende que el nuevo eje del poder está en Palacio Nacional y no en Palenque.

 

La lectura electoral es inevitable. La elección intermedia de 2027 y, por supuesto, la presidencial de 2030 ya están presentes en cada decisión estratégica. Para llegar con fuerza a esas citas, Sheinbaum necesita un Congreso disciplinado, gobernadores alineados y un partido sin cacicazgos, sin figuras contaminadas y sin operadores que jueguen por la libre.

En ese contexto, no es casual que ya hayan caído dos personajes que durante años parecían intocables: primero Alejandro Gertz Manero y ahora Adán Augusto López Hernández. El mensaje hacia dentro de Morena es contundente: nadie es indispensable y nadie tiene patente de impunidad política.

La sacudida también debe leerse en clave internacional. Las presiones que ejerce Donald Trump sobre su contraparte mexicana para “limpiar la casa” de funcionarios presuntamente coludidos con los cárteles de la droga pesan —y pesan mucho— en las decisiones internas. En ese escenario, mantener figuras cuestionadas en posiciones estratégicas se convierte en un riesgo político, diplomático y económico que el nuevo gobierno no está dispuesto a cargar.

Con el desgaste que arrastran hoy Adán Augusto López Hernández y Gerardo Fernández Noroña, queda claro que varias de las corcholatas del obradorismo se quedaron en el camino. El mito de la sucesión ordenada se desmorona y sólo sobreviven quienes entendieron a tiempo que el poder ya cambió de manos. Ahí están Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, ambos adaptados al nuevo equilibrio.

Y vienen más movimientos. En los pasillos del poder se da prácticamente por hecho que en los próximos días Rubén Rocha Moya dejará la gubernatura de Sinaloa, lo que abriría la puerta a elecciones extraordinarias en una de las entidades más golpeadas por la violencia y la ingobernabilidad. De confirmarse, sería otro golpe directo al viejo obradorismo territorial.

La pregunta ya no es si Claudia Sheinbaum ejercerá el poder, sino hasta dónde está dispuesta a llegar para consolidarlo. Por lo pronto, el golpe a Adán Augusto deja algo muy claro: la presidenta no gobierna con nostalgias ni con compromisos heredados. Gobierna con cálculo, control y visión de futuro. Y ese control, hoy por hoy, ya es suyo.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.