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Desde San Lázaro. ASF en punto de quiebre. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

27 Ene 2026
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Desde San Lázaro. ASF en punto de quiebre. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/ASF_Mexico

En política, como en la vida institucional, hay ciclos que se agotan aun cuando sus protagonistas insistan en prolongarlos. Ese parece ser el caso de David Colmenares Páramo al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un cargo al que llegó en 2018 y que hoy pretende conservar ya sea mediante la reelección o a través de la imposición de alguno de sus subalternos. Sin embargo, en el círculo del poder oficialista el mensaje es claro: su tiempo está contado.

En San Lázaro crece la percepción de que la ASF no solo se estancó, sino que perdió capacidad técnica, autoridad moral y eficacia como órgano clave del sistema nacional anticorrupción. La acumulación de expedientes sin resolver, la lentitud en los procedimientos sancionatorios y la ausencia de consecuencias visibles frente a irregularidades detectadas han erosionado la credibilidad de una institución que debería ser pilar del combate a la impunidad.

No se trata únicamente de un desgaste personal. Lo que está en juego es el modelo mismo de fiscalización superior. La insistencia de Colmenares en reelegirse —lo que abriría la puerta a una permanencia de hasta 16 años— ha encendido focos rojos incluso dentro de Morena, donde se advierte que la prolongación de mandatos en órganos autónomos suele derivar en concentración de poder, redes internas de protección y captura institucional

En ese contexto destaca la postura del diputado federal  Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los hombres más cercanos a la presidenta de la República y figura con peso específico en la bancada morenista. Ramírez Cuéllar ha sido enfático: es necesario relevar al auditor, airear el cargo y rediseñar de fondo el funcionamiento de la ASF. No como ajuste cosmético, sino como una reforma estructural que fortalezca los controles anticorrupción y agilice los mecanismos correctivos.

El legislador ha advertido, sin rodeos, que la Auditoría presenta una degradación estructural. A su juicio —compartido por otros diputados— la fiscalización llega tarde, mal y, en muchos casos, nunca llega a sanción. La consecuencia es un mensaje devastador para la rendición de cuentas: auditar sin castigar equivale a normalizar la impunidad.

Por eso no sorprende que en la Cámara de Diputados ya se hable de un relevo inminente. En la tercera semana del febrero, la Comisión de Vigilancia de la ASF lanzará la convocatoria para elegir a quien encabece el órgano fiscalizador, un proceso que deberá concluir a más tardar en marzo. Aunque formalmente Colmenares puede competir, su margen político es cada vez más estrecho.

El desgaste no proviene solo de desde la oposición. Dentro del propio oficialismo se cuestiona la falta de resultados contundentes y la opacidad en decisiones internas, como destituciones sin explicación y reacomodos que han debilitado áreas estratégicas de auditoría forense y de cumplimiento financiero. A ello se suman señalamientos de presuntos desvíos que no han tenido seguimiento eficaz, lo que alimenta la narrativa de una ASF reactiva y complaciente.

En los corrillos legislativos ya circulan nombres de posibles aspirantes, tanto internos como externos, lo que confirma que el relevo dejó de ser una hipótesis para convertirse en escenario probable. Pero más allá de los perfiles, el debate de fondo es otro: ¿seguirá la ASF operando como una oficina que produce informes voluminosos pero inocuos, o se transformará en una institución capaz de incomodar al poder y cerrar el paso a la corrupción?

Claudia Sheinbaum lo sabe: sin una fiscalización fuerte, cualquier discurso anticorrupción queda incompleto. De ahí que el relevo en la Auditoría Superior de la Federación no sea un simple cambio administrativo, sino una decisión política de alto calado.

Desde San Lázaro, la señal es inequívoca. El ciclo de David Colmenares se acerca a su fin. Y con él, la oportunidad —quizá la última en mucho tiempo— de reconstruir una ASF a la altura de las exigencias ciudadanas y del momento histórico que vive el país.

El cedazo está dejando pasar a la siguiente etapa de la cuarta transformación a cercanos de la doctora y por ende, al desplazamiento de perfiles que no le son leales y tampoco eficientes, tal es el caso de Colmenares quien debería entender que los tiempos no le favorecen y por lo tanto, convertirse en un factor de unidad e institucionalidad en el relevo en la dirección general de la ASF.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.