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Desde San Lázaro. Estrategia fallida ante Trump. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

12 Ene 2026
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Desde San Lázaro. Estrategia fallida ante Trump. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/Claudiashein

Luego de la extracción ilegal del sátrapa Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, en Palacio Nacional entraron en una especie de pánico ante la eventual réplica del operativo para detener en territorio nacional a un capo de la droga, o peor aún, a algún miembro connotado de la 4T y por ello, la presidenta Sheinbaum lleva días advirtiendo sobre el respeto a la soberanía, sin reparar que los narcoterroristas mexicanos y su connivencia con funcionarios mexicanos han fortalecido el trasiego de drogas sintéticas a EU, en particular de fentanilo, atentando con ello en contra de la seguridad interior de la Unión Americana.

Desde luego, no existe justificación alguna para que la Fuerza Delta despliegue algún operativo en el país, pero ante la belicosidad del presidente norteamericano y la proclividad de AMLO-Sheinbaum con los narcotiranos de la región como el mismo Maduro y Miguel Díaz Canel, pues el propio gobierno mexicano se ha puesto la espada de Damocles encima y no dude estimado lector, que, aun violando todas las disposiciones internacionales en la materia, existen grandes probabilidades que ocurra una acción militar estadounidense en México.

El flujo de petróleo mexicano a Cuba, no obstante la existencia del bloqueo comercial, no tiene antecedente alguno en nuestro país con el actual gobierno, quien ha superado la venta o “donación” del hidrocarburo a la Isla, en comparación, incluso a lo que mandaron López Obrador, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, juntos

De acuerdo a información de la empresa Kpler, especializada en comercio mundial, En el último año, se han enviado 17 millones de barriles de petróleo mexicano a Cuba, cuyo monto de 1 mil 91 millones de dólares convirtieron a Pemex en el proveedor más relevante del hidrocarburo, incluso más que Venezuela.

La dictadura cubana se sostiene gracias a Claudia Sheinbaum.

Ese amasiato pernicioso entre la 4T y los enemigos de los gringos genera un ambiente muy hostil en la Casa Blanca en contra de la doctora que afecta de forma considerable la relación bilateral y toda la agenda que existe entre ambos gobiernos, tanto en  temas de seguridad, como comerciales y geopolíticos.

En lugar de corregir esa postura alineada al Foro de Sau Paulo, la mandataria mexicana insiste en mantener su proclividad izquierdista anti gringa, sin considerar que ello afecta su gestión y, sin exagerar a todos los mexicanos, porque todas las medidas que emprende Trump para castigar a su contraparte mexicana, daña la economía, la creación de empleos, la generación de impuestos y todos los indicadores macroeconómicos como el PIB.

La ideología y la sumisión ante Palenque comprometen la gestión de la primera mujer presidenta.

Si el gobierno de AMLO fue un desastre económico y en materia de seguridad pública, entre otros tantos rubros, con el actual gobierno se vislumbra algo peor, no solo por la herencia maldita que le dejaron a la presidenta, sino porque ella insiste en respetar la cadena de mando que viene de Tabasco.

El asunto es muy sencillo, si se insiste en construir el segundo piso de la transformación sin romper el cordón umbilical que ata a la discípula  con su mentor, pues el fracaso está a la vista, porque el presidente Trump no se detendrá en mantener  alineado a fuerza al gobierno mexicano.

Decíamos en otra colaboración, que a regañadientes México se ha doblado ante todas las peticiones de la Casa Blanca y ello de suyo, revela un enturbiado sospechosismo sobre la información clasificada del Chapo Guzmán y sus hijos, además del Mayo Zambada, entregada a las agencias de inteligencia y de drogas  salpica incluso al propio AMLO y a uno de sus hijos.

Por desgracia para México, estamos sujetos a las posturas ideológicas de AMLO que tanto daño han provocado en los últimos siete años al país y como van las cosas continuará la debacle por otros cinco años más.

Mientras tanto, seremos testigos en los próximos días del llamado subrepticio desde Palacio Nacional a hacer realidad el himno mexicano para defender la soberanía, aunque en la cruda realidad ante un estornudo de Trump a su contraparte mexicana le dará una pulmonía.

Está en las manos de Claudia Sheinbaum el destino del país y de su propio legado, tan solo es cosa de armarse de valor y tener altura de miras para romper con el gran tlatoani y dejar de encubrir las fechorías en que incurrieron tanto él mismo, como algunos cercanos cuando ostentaron los mayores cargos políticos y de administración.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.