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Quintana Roo, primer estado en el país en implementar el Informe Policial Móvil, fortaleciendo el combate a la corrupción Destacado

03 Nov 2025
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Quintana Roo, primer estado en el país en implementar el Informe Policial Móvil, fortaleciendo el combate a la corrupción Imagen tomada de: https://cgc.qroo.gob.mx/
  • Una herramienta que permite estar conectados al registro nacional de detenciones y a la Plataforma México 
  • Se reduce a una hora la elaboración del informe cuando antes eran 24 hrs, además de que se fortalece el combate a la corrupción

 

Quintana Roo se convirtió en el primer estado del país en poner en marcha el Informe Policial Homologado (IPH) Móvil, una herramienta digital que moderniza el trabajo policial y fortalece la seguridad ciudadana mediante el uso de tecnología e interoperabilidad entre los tres órdenes de gobierno.

 

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la presentación oficial del nuevo sistema, que permitirá a las y los elementos de seguridad registrar sus actuaciones en campo de manera más ágil y precisa, desde una tableta electrónica, en los 11 municipios del estado.

 

Asimismo, destacó que esta herramienta representa “tomarnos de la mano con la política pública de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de esta manera Quintana Roo se convierte en el primer estado en estar conectado al sistema nacional de registro de detenciones y Plataforma México”.

 

La Gobernadora agregó que nos da la oportunidad de seguir fortaleciendo acciones de transparencia, combate a la corrupción y la modernización o digitalización.

 

A través de un vídeo la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó su reconocimiento a la gobernadora Mara Lezama por el trabajo que realiza para la construcción de paz en Quintana Roo que se refleja en una reducción de un 68% en homicidios.

 

Durante la presentación, el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, explicó que el IPH Móvil es una herramienta digital que simplifica y agiliza el registro de actuaciones policiales, garantiza el debido proceso y mejora la calidad de la información para la inteligencia y la seguridad. 400 elementos ya están capacitados para el uso de esta tecnología.

 

Informó que anteriormente la elaboración de un informe podía tardar hasta 24 horas, mientras que con esta nueva tecnología el tiempo se reduce a aproximadamente una hora, “evitando retrasos, fortaleciendo el cumplimiento de la ley y combatiendo la corrupción”, puntualizó.

 

Por su parte, Adrián Martínez Ortega, subrayó que la plataforma, desarrollada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana para optimizar el trabajo operativo e impulsada por el Sistema Nacional, permite agregar fotografías, videos y ubicación geográfica, lo que refuerza la transparencia y genera información confiable para la toma de decisiones.

 

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama aseveró que “para quienes formamos parte de la Cuarta Transformación, combatir la corrupción y la impunidad es una convicción profunda”.

 

Agradeció la presencia de las y los presidentes municipales, de las fuerzas armadas, que refleja la importancia y dedicación que juntas y juntos le ponen a la construcción de paz para mejorar la calidad de vida de los seres humanos con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

 

El sistema conecta a los 11 municipios con el gobierno estatal y la federación, enlazándose directamente con Plataforma México, lo que coloca a Quintana Roo a la vanguardia nacional en modernización policial, aseveró la Gobernadora.

 

Entre sus beneficios destacan la mejora en la respuesta a emergencias, la optimización de patrullajes, la coordinación en tiempo real entre autoridades y la posibilidad de generar informes directamente desde el lugar de los hechos.

 

Mara Lezama enfatizó que la implementación del IPH Móvil forma parte del proceso de profesionalización de las corporaciones policiales del estado. “Estamos construyendo una policía moderna, preparada, honesta y cercana a la ciudadanía”, aseguró.

 

Finalmente, reiteró que este avance se enmarca en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, cuyo objetivo es garantizar la paz, la justicia y la seguridad en beneficio de las y los quintanarroenses.

 

“Nuestra fortaleza está en que juntas y juntos estamos construyendo un Quintana Roo fuerte y en paz”, concluyó la Gobernadora.

 

Participaron en esta presentación la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, Adrián Martínez Ortega; el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres; el Fiscal General Raciel López Salazar; las presidentas y presidentes municipales Ana Paty Peralta de la Peña, de Benito Juárez; Blanca Merari Tziu, de Puerto Morelos; Erick Borges Yam, de José María Morelos; Nivardo Mena Villanueva, de Lázaro Cárdenas; el diputado Alberto Batún Chulim; el comandante de la 34 Zona Militar, General Fidel Mondragón Rivero; el Almirante Juan José Bernal Pérez, comandante de la V Zona Naval.

 

Con información de: https://cgc.qroo.gob.mx/

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.