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Desde San Lázaro. La tremenda corte de tres patines. Por: Alejo Sánchez Cano Destacado

26 Sep 2025
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Desde San Lázaro. La tremenda corte de tres patines. Por: Alejo Sánchez Cano Imagen tomada de: https://x.com/SCJN

La corte de Tres Patines es  un remedo del máximo tribunal con una excesiva carga burocrática que crearon los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal sólo el presidente Hugo Aguilar incorporó a 102 colaboradores y cuando transcendió el exceso aclaró que en los próximos días tan solo se quedará con el 60%. Igual ocurre con Lenia Batres y los otros siete ministros, aunque en menor proporción.

La ministra Batres tiene 78 colaboradores con un costo mensual  de 5.6 millones de pesos.

Si consideramos que  la anterior ministra presidenta Norma Piña tenía 15 personas laborando directamente con ella, pues se ve la desproporción y el costo exorbitante que representa contar con el Poder Judicial “más democrático del mundo”.

Pretende aclarar el ministro Aguilar Ortiz al señalar que a diferencia de presidencias anteriores, la suya también tendría un carácter jurisdiccional, en consecuencia, le serán turnados asuntos para su análisis y presentación de proyectos al Pleno.

Con ese propósito, dice el ministro indígena, que cuenta con ocho secretarios, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo y que esta plantilla se reducirá 40% a partir del 1 de octubre.

Además de este personal de apoyo, mantienen una Coordinación de Dictaminación,  encargada de revisar proyectos y está integrada por un coordinador, 12 secretarios de estudio y cuenta, 5 secretarios auxiliares, 1 dictaminador  15 personas de apoyo operativo.

En un primer ejercicio, valdría la pena revisar si ese personal tiene los conocimientos necesarios y la experiencia para brindar el apoyo a los ministros, pero si son como sus jefes, pues en menudo lio estamos, ya que se le paga a puro bisoño y el  costo que representa la SCJN es oneroso e irresponsable.

Al igual que la Tremenda Corte de Tres Patines, programa cubano cómico en donde se pitorreaban de los jueces,  la SCJN está resultando un vacilada, además de que cuenta con  el estigma de la deslegitimación por la orquesta de acordeones que los encumbró a sus puestos;  es un tribunal plagado de burocracia y de inexpertos que costará un dineral por la curva de aprendizaje que tendrán en resolver con atingencia  el  rezago de cientos de casos que requieren atención inmediata.

Por qué no aclara el ministro presidente la contratación de personajes de dudosa reputación como miembros prominentes de iglesias, como Daniel Wong, de la iglesia de la Luz del Mundo o litigantes de dudosa reputación como  Vidulfo Rosales, abogado que dejó votados a los padres de los 43 de Ayotzinapa  (luego de casi 11 años de representarlos en un esfuerzo infructuoso por hacerles justicia) y que ahora los estudiantes de la Normal, entre la impotencia, frustración y complacencia, realizan toda clase de actos vandálicos como haber derribado la puerta del Campo Militar 1

Se habla de que en la aprobación del Paquete Económico del próximo año, se reducirá el presupuesto del poder Judicial que inicialmente trae un incremento del 15% en relación a 2025.

No solo es inoperante el nuevo Poder Judicial, sino que, por lo observado en los primeros días, es totalmente gravoso y con un costo burocrático por encima, proporcionalmente hablando, del mismo Poder Ejecutivo.

No creo que este abuso en la contratación de personal por parte de los ministros de la Corte sea del agrado de la presidenta Sheinbaum y menos la capacidad mostrada hasta el momento por algunos integrantes del Pleno del Máximo Tribunal de la Nación.

Para ser juez no se necesita ser popular o darle gusto al pueblo, simplemente se trata de que sean imparciales y autónomos y que se atengan al Orden Constitucional y a los criterios juaristas de vivir en la justa medianía.

 

LA CIUDAD DE LOS BACHES.

Cuando ni siquiera la autoridad de la capital del país puede con tapar los más de 200 mil baches que existen en el territorio chilango, pues que se puede esperar en temas relevantes como la inseguridad pública, el desarrollo económico, contaminación y sustentabilidad, entre otros asuntos relevantes.

Clarita Brugada debería renunciar por clara incapacidad en el ejercicio de gobierno. Vamos si todavía está pendiente el esclarecimiento del asesinato de sus dos más cercanos colaboradores, que pueden esperar los capitalinos o los deudos de las víctimas de la explosión de la pipa en el puente de la Concordia en Iztapalapa y que decir de los usuarios del Metro que a diario exponen su vida e integridad.

Flaco favor le hace Brugada a la presidenta de la República, quien además de atender los múltiples problemas que aquejan a los mexicanos, tiene que dar la cara por funcionarios de la 4T a todas luces incompetentes.

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El apunte del director

  • JUNIO 2026
    La verdadera amenaza a la soberanía mexicana 

    La relación entre los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complejos y delicados. Más allá de las diferencias ideológicas naturales entre una mandataria identificada con la izquierda latinoamericana y un presidente estadounidense de corte nacionalista y conservador, el punto de choque se encuentra en un tema que afecta directamente a ambas naciones: el poder del crimen organizado y la presencia de actores políticos vinculados con estructuras criminales.

    Durante años, el narcotráfico dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un fenómeno que permeó instituciones, gobiernos locales y estructuras de poder regional. Hoy, vastas zonas del territorio nacional se encuentran bajo la influencia o control de organizaciones criminales que desafían al Estado mexicano, imponen reglas, cobran extorsiones, controlan economías enteras y limitan el ejercicio pleno de la autoridad.

    Desde la óptica de Washington, estos grupos representan una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos por el tráfico de drogas, especialmente fentanilo, así como por sus redes financieras y de contrabando. Sin embargo, la discusión no debería centrarse únicamente en el impacto que tienen al norte de la frontera. La primera víctima de los cárteles ha sido México.

    Por ello resulta cuestionable la narrativa oficial que presenta cualquier señalamiento extranjero sobre la infiltración criminal en la política mexicana como una agresión a la soberanía nacional. La soberanía no se vulnera cuando se denuncia la presencia de criminales en las estructuras de gobierno; la soberanía se debilita cuando grupos delincuenciales sustituyen al Estado, controlan municipios enteros y condicionan la vida de millones de ciudadanos.

    En ese contexto, el discurso pronunciado por la presidenta Sheinbaum en la Plaza de la República, donde denunció supuestas intenciones de injerencia extranjera y advertencias sobre intentos de influir en los procesos electorales mexicanos, parece haber elevado innecesariamente la tensión bilateral. En lugar de privilegiar la prudencia diplomática, el mensaje adquirió un tono de confrontación que difícilmente contribuirá a mejorar una relación estratégica para ambos países.

    México y Estados Unidos comparten una de las fronteras más dinámicas del mundo, intercambios comerciales superiores a cientos de miles de millones de dólares al año y desafíos comunes en materia migratoria, económica y de seguridad. Convertir las diferencias en un conflicto político permanente no beneficia a ninguna de las dos naciones.

    La preocupación de Washington respecto a posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales puede resultar incómoda para el gobierno mexicano, pero ignorarla o descalificarla mediante discursos nacionalistas no resolverá el problema de fondo. La pregunta central no es si existe presión extranjera, sino qué tan profunda es la penetración del crimen organizado en determinadas regiones y estructuras políticas del país.

    La historia reciente demuestra que los cárteles han logrado construir redes de protección política que les permiten operar con impunidad. Negar esa realidad sería tan irresponsable como aceptar sin pruebas cualquier acusación proveniente del extranjero. Lo que corresponde es fortalecer las instituciones de procuración de justicia, transparentar las investigaciones y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

    La defensa de la soberanía nacional debe comenzar por recuperar plenamente el control territorial del Estado mexicano. Mientras existan regiones donde las organizaciones criminales ejerzan funciones que corresponden a las autoridades legítimas, cualquier discurso patriótico corre el riesgo de convertirse en una simple declaración retórica.

    La relación entre Trump y Sheinbaum será inevitablemente complicada por sus diferencias de visión política. Sin embargo, el mayor desafío no debería ser la confrontación verbal entre ambos gobiernos, sino la construcción de mecanismos eficaces para combatir a quienes verdaderamente amenazan la estabilidad de México: las organizaciones criminales y sus redes de protección política.

    Porque la soberanía no se pierde cuando un aliado cuestiona la actuación de un gobierno. La soberanía se pierde cuando el Estado deja de ejercer plenamente su autoridad sobre su propio territorio.