Contáctanos: 5546 8746
Síguenos en:
Fecha:

Información de los Estados: 27 de mayo de 2026

27 May 2026
161 veces
Información de los Estados: 27 de mayo de 2026 Imagen tomada de: https://x.com/conagua_clima

Instalarán estrategia de blindaje contra ébola por el mundial
(27-05-2026) El Heraldo de México, pág. 1, 4

Ante la amenaza del ébola en el mundo, con motivo del Mundial 2026 México puso en marcha una estrategia de blindaje ante el brote de este virus en África. Aunque no se han presentado casos y el riesgo es muy bajo en el país, en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay contacto con los connacionales de Uganda, Sudán del sur y en Congo, naciones con contagios.

 

 

Sin acuerdos CNTE con Gobernación y SEP; se mantiene plantón magisterial
(2705-2026) La Crónica de Hoy, pág. 1, 5

Concluyó sin acuerdos el encuentro a puerta cerrada entre una comisión representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con Gobernación y Educación, después de poco más de siete horas de reunión. Luego de que las secretarías de Gobernación y de Educación refrendaron su disposición al diálogo, en encuentro concluyó sin acuerdos, y con la amenaza de que integrantes del magisterio disidente del país extenderán a nivel nacional el paro de labores, lo que eventualmente afectaría a millones de estudiantes, no sólo del estado de Oaxaca, en donde inició el paro.

 

 

Morena acusa a Samuel García en la FGR
(27-05-2026) La Razón de México, pág. 8

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena en Nuevo León, Anabel Alcocer, informó que diligentes y legisladores del partido acudieron este martes a la FGR para presentar una denuncia formal contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos. Destacó que la denuncia fue respaldada por legisladores federales y locales, integrantes del CEE y dirigentes nacionales de Morena, entre ellos el senador Alejandro Murat Hinojosa.

 

 

Comparecen en FGR Rocha Moya, Inzunza y otros 6 acusados por EU
(27-05-2026) El Financiero, pág. 1, 32

Ocho de 10 políticos y mandos de policía en Sinaloa, requeridos en extradición por Estados Unidos, incluidos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, y Enrique Inzunza, senador de Morena, declararon ayer como testigos, por no más de media hora cada uno, en la Fiscalía General de la República (FGR). La dependencia que encabeza Ernestina Godoy investiga si contra estas personas, y dos más que ya se entregaron a la justicia de Estados Unidos, hay pruebas “claras, contundentes e irrefutables” que los vinculen al Cártel de Sinaloa y sus actividades del narcotráfico.

 

 

Van con juicio político contra Maru; Corral contraataca
(27-05-2026) El Norte
Diputados locales de Morena entregaron ayer en la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político contra la Gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, por presuntamente permitir la presencia de agentes de la CIA en operativos antinarco en el Estado. Además, el Senador morenista Javier Corral busca que la Fiscalía de la CDMX reabra la denuncia por supuesto "secuestro" contra la Mandataria porque se le intentó detener con una orden de captura en agosto del 2024, cuando fue acusado por peculado por su gestión como Gobernador panista de Chihuahua. Ayer, Campos informó que un juez de Control de la CDMX la citó para comparecer el próximo viernes por la denuncia de Corral, su predecesor en la Gubernatura.

 

 

4T solicita juicio político contra “Maru” Campos
(27-05-2026) Reforma, pág. 5

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que recibió la Secretaría General una solicitud de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por permitir presuntamente operaciones en la CIA en territorio nacional. La legisladora panista precisó que este oficio fue presentado por 11 ciudadanos, que también se identifican como diputados locales del Congreso de Chihuahua. En entrevista con medios, explicó que el documento ingresó este 26 de mayo y que el procedimiento legislativo establece un plazo de tres días para que los promoventes ratifiquen la denuncia. “Me acaban de pasar hace unos minutos el documento. Sí, tiene, dice, recibí 26 de mayo a las 9:51 esta solicitud de escrito inicial de juicio político”, detalló. Indicó que, una vez presentada la solicitud, el siguiente paso procesal es la ratificación formal del escrito. “En términos procedimentales tienen tres días para ratificarla”, explicó.

 

 

Reaparece Rocha, lo interrogan y se va
(27-05-2026) El Norte

El Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció públicamente ayer para comparecer ante la delegación de la FGR en Culiacán, donde respondió cuestionamientos formulados por una agente del Ministerio Público Federal.

 

 

Avanza reforma para posponer la elección judicial
(27-05-2026) El Economista, pág. 40

La Cámara de Diputados arrancó ayer su periodo extraordinario para sacar, en tiempo récord, cuatro reformas electorales; una para aplazar las elecciones judiciales, otra para crear una comisión contra narcocandidatos y dos más para evitar la intervención extranjera en los comicios. Las y los diputados de los seis grupos parlamentarios que integran San Lázaro abrieron la discusión con la Iniciativa Constitucional presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para, entre otras cosas, aplazar la siguiente elección judicial hasta el primer domingo de junio de 2028. Dicha reforma fue avalada en lo general con 341 votos a favor y 124 en contra.

 

 

Caso Inzunza pone a prueba al Gobierno: Corral
(27-05-2026) La Razón de México, pág. 8

En cuanto a la situación legislativa de Inzunza Cázarez, el senador Javier Corral Jurado reveló que el legislador sinaloense le expresó su intención de presentarse al periodo extraordinario de sesiones. “Me comentó que él había querido venir a la Comisión Permanente, pero que habían platicado y considerado que no debía prestarse a un golpeteo que distrajera los asuntos del Congreso con su sola presencia”.



Guadalupe Taddei está entendiendo mal la propuesta: Presidenta
(27-05-2026) La Jornada, pág. 5

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, “está entendiendo mal la propuesta” de iniciativa de reforma para verificar los antecedentes de aspirantes a una candidatura, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aseveró que corresponde al Poder Legislativo determinar si se requiere “mayor claridad” en la redacción de la iniciativa, pero “escuché con atención la intervención de la presidenta del INE y me parece que no entendió bien la propuesta y no lo digo por mal, sino que a lo mejor no la tenía en sus manos”.

 

 

México y EU retoman negociaciones rumbo al T-MEC en CDMX
(2705-2026) La Crónica de Hoy, pág. 5

La segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos rumbo a la firma del T-MEC, tendrá lugar este miércoles en la Ciudad de México, cuando una delegación del país vecino se presente para continuar con el diálogo mutuo a fin de expresar las necesidades de cada nación. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que para México es necesario competir cada vez mejor respecto a otras regiones del mundo, particularmente en donde existe una dependencia muy alta. 

Con información de: La Crónica de Hoy, La Jornada, El Heraldo de México, El Norte, El Economista, La Razón de México, Reforma.

Valora este artículo
(0 votos)
Más en esta categoría: « Información de los Estados: 26 de mayo de 2026 Información de los Estados: 01 de junio de 2026 »
volver arriba

El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.