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Información de los Estados: 13 de marzo de 2026

13 Mar 2026
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Información de los Estados: 13 de marzo de 2026 Imagen tomada de: https://x.com

Jalisco le quita a Chihuahua primer lugar en contagios
(13-03-2026) Milenio Diario

Jalisco se consolida como el principal foco de transmisión de sarampión, con una acumulación de 4 mil 594 casos confirmados, de los cuales 3 mil 930 corresponden a este año. En el sur del país, Chiapas registra 843 casos acumulados, Ciudad de México suma 544 contagios, Michoacán 365, Guerrero 344, Sinaloa 327, Sonora 258 y Durango 189 casos confirmados.

 

 

Baja California: apoyos fantasmas
(13-03-2026) Reporte Índigo, pág.15

En Baja California, la auditoría practicada sobre las Participaciones Federales a Entidades Federativas descubrió el presunto desvío de una bolsa millonaria de recursos públicos, que habría sido transferida por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda hacia el Congreso estatal, supuestamente para la entrega de apoyos sociales entre habitantes de la entidad, aunque el órgano fiscalizador concluyó que nunca se demostró que dichos fondos llegaran a los beneficiarios… Si las irregularidades no se solventan, la Auditoría Superior de la Federación puede promover responsabilidades administrativas, denuncias anticorrupción o la recuperación del dinero público.

 

 

Pelea por el paraíso en Guerrero
(13-03-2026) El Sol de México

En las últimas semanas, el interés electoral por el estado de Guerrero se ha manifestado con entusiasmo, no sólo por la gubernatura que dejará Evelyn Salgado, sino por los municipios más importantes de la entidad, comenzando por Acapulco. Lo cierto es que Guerrero, y el puerto de Acapulco en específico, es un paraíso turístico y económico que llama la atención a varios grupos políticos. 3Cosa de ver que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Hugo Aguilar, decidió proteger a la alcaldesa morenista contra cualquier sanción que pueda enfrentar luego de ser acusada por el manejo irregular en la comprobación de 898 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en el año 2023.

 

 

Bloquean la costera en víspera de puente largo
(13-03-2026) 24 Horas

Trabajadores administrativos del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán en Acapulco, Guerrero, y cerraron las oficinas de la Administración Fiscal Estatal número 1 en el fraccionamiento Costa Azul, a unas horas del segundo puente largo del año. La causa por la que realizaron esta protesta fue por la supuesta falta del pago de dos quincenas.

 

 

Sin clientelismo
(13-03-2026) Eje Central

Se nota que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio manotazo sobre la mesa para dejar claro que debe cumplirse la instrucción del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, para que los programas sociales no se condicionen a nadie, ni se utilicen para promover la agenda personal de dirigentes o funcionarios. Fue Horacio Duarte, secretario general de Gobierno, quien se unió a Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, para recordar que en la Cuarta Transformación se tienen principios irrenunciables como la defensa de los apoyos para la gente, que de ninguna manera pueden ser usados a favor de la imagen de dirigentes o funcionarios. Recordemos que, en términos políticos, estamos a nada de las elecciones del 2027, fecha en la que las viejas mañas de condicionamiento pueden volver a aparecer. Pero estos pronunciamientos no son cualquier cosa, marcan línea de la defensa a la que morenistas como Horacio Duarte y Ariadna Montiel se enfrentarán en unos meses.

 

 

Repunta actividad económica en los estados del sur-sureste
(13-03-2026) El Economista

Banxico confirma reactivación de la región, tras la liquidación de los adeudos de Pemex a empresarios del sector petrolero y el alza en manufactura. Mientras el centro norte -Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas creció 0.9% apoyada en el sector terciario, con alzas 1.3% en comercio y 1.1% en turismo.

 

 

Crecen delitos de alto impacto en el gobierno de Navarro en Nayarit
(13-03-2026) La Razón de México, pág. 1, 14

“La Universidad Autónoma de Nayarit expresa su más profundo pesar e indignación ante los trágicos hechos ocurridos este día en el municipio de Acaponeta, en los cuales perdió la vida una de nuestras estudiantes y otra más resultó herida, víctimas de un ataque propiciado por la inseguridad que lamentablemente afecta a la sociedad”, publicó la institución.

 

 

Morelos: epicentro de corruptelas
(13-03-2026) Reporte Índigo, pág.14

Entre las bolsas presupuestales donde se originaron las mayores malversaciones en Morelos, durante el año 2024, figura también la correspondiente a las “Participaciones Federales a Entidades Federativas” pues el ejercicio de este fondo generó observaciones para el gobierno de Margarita González Saravia valuadas en mil 645 millones 375 mil 789.42 pesos… La ASF solicitó al Gobierno de Morelos aclarar 101.3 millones de pesos por pagos de la prestación denominada “I.P. Patrón”, debido a que no se presentó la autorización o fundamento legal correspondiente.

 

 

En AICM, Guardia Nacional sólo amonesta a los taxis de Uber
(13-03-2026) El Universal, pág. 1, 18

Los elementos de la Guardia Nacional desplegados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para inhibir la operación de taxis por aplicación, como Uber o DiDi, sólo hicieron una advertencia verbal a los conductores que fueron sorprendidos levantando pasajeros en el polígono de la terminal aérea, y que, en caso de reincidencia, las unidades serán remolcadas a depósitos vehiculares.

 

 

Tumba el INE spot del PRI contra Samuel
(13-03-2026) El Norte

Por considerar que estaba basado en pruebas ilegales e implicaba calumnia, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó ayer al PRI no difundir un promocional contra el Gobernador Samuel García y contra el líder estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez. El spot, que difunde una llamada de Martínez exponiendo la presunta extorsión contra una pedrera de Nuevo León, estaba pautado para comenzar su difusión a nivel nacional a partir de hoy en los tiempos que los partidos políticos tienen previstos en radio y televisión. Los consejeros de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinaron que el promocional estaba basado en pruebas presuntamente ilegales, ya que partían de la grabación de una conversación privada, además de que los señalamientos podrían recaer en la calumnia.

 

 

Nuevas propuestas implicarán cambios constitucionales: Monreal
(13-03-2026) Excélsior

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que el Plan B electoral es una reforma constitucional para mover la fecha de la revocación de mandato y de la elección de los juzgadores federales, así como modificaciones a la integración de los Congresos locales y los ayuntamientos, la inclusión del tema de elecciones en la consulta popular y la reducción de salarios de los consejeros del INE.

 

 

El Plan B recortará 4 mil mdp a estados
(13-03-2026) Excélsior, pág. 1, 2

Uno de los pilares del Plan B de reforma electoral es disminuir el gasto en los Congresos locales y los municipios con el fin de redirigir esos recursos a otras necesidades, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Al presentar su nueva propuesta, que enviará al Congreso el lunes, la jefa del Ejecutivo detalló que se buscará reducir el número de regidores en los ayuntamientos, así como fortalecer las consultas públicas para incluir temas electorales, como el presupuesto a los partidos. Por separado, Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, abundó que el Plan B mueve la fecha de la revocación de mandato y de la elección judicial de 2027, así como reduce salarios de los consejeros del INE. Ayer, el PT y sectores del Verde adelantaron su rechazo al Plan B que pretende someter temas electorales a consulta popular.

 

 

Cuestan congresos 18 mil mdp
(13-03-2026) Reforma, pág. 6

Mantener los 32 congresos locales del país cuesta a los ciudadanos 18 mil 429 millones 947 mil pesos al año. De acuerdo con un documento difundido por la Presidencia durante la mañanera, el Estados de México concentra el mayor presupuesto legislativo, con mil 983 millones, seguido por la Ciudad de México, con un gasto de mil 886 millones de pesos. 

Con información de: El Economista, 24 Horas, Milenio Diario, El Sol de México, Eje Central, Excélsior, Reforma, El Norte, El Universal, Reporte Índigo, La Razón de México.

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El apunte del director

  • Agosto 2026

    NO A LA CENSURA

    La libertad de expresión y el derecho a la información no son concesiones graciosas del gobierno ni privilegios de periodistas, concesionarios, conductores o propietarios de medios. Son derechos fundamentales de los ciudadanos y pilares indispensables de cualquier régimen que pretenda llamarse democrático.

    Por eso, desde todos los frentes debemos decir con absoluta claridad: no a la censura.

    El debate sobre los derechos de las audiencias puede parecer, en principio, una discusión técnica relacionada con las obligaciones de los medios electrónicos y las facultades regulatorias del Estado. No lo es. Cuando desde el poder se pretende establecer criterios sobre cómo deben presentarse los contenidos, diferenciar información de opinión o determinar qué puede considerarse adecuado, equilibrado o veraz, aparece inevitablemente una pregunta: ¿quién vigila al vigilante?

    Porque una cosa es defender legítimamente los derechos de las audiencias —recibir información plural, distinguir publicidad de contenidos informativos, proteger a niñas, niños y adolescentes o contar con mecanismos de réplica— y otra muy diferente abrir la puerta para que una autoridad administrativa termine convertida en árbitro de la verdad.

    La Constitución protege la libre manifestación de las ideas y el derecho a buscar, recibir y difundir información. Bajo ninguna circunstancia la defensa de las audiencias debe convertirse en el caballo de Troya para imponer controles editoriales, inhibir opiniones críticas o generar mecanismos de autocensura entre periodistas y medios de comunicación.

    La libertad de expresión también protege las opiniones incómodas, las investigaciones que molestan al poder y las preguntas que los funcionarios preferirían no responder.

    Si el oficialismo pretende elevar el estándar de responsabilidad de los medios de comunicación, debería comenzar por casa.

    Todos los días, desde las conferencias matutinas del gobierno federal, se utiliza una formidable plataforma de comunicación financiada con recursos públicos. Desde allí se informa, se fija agenda, se responde a cuestionamientos y se construye la narrativa gubernamental. Pero también se descalifica a críticos, periodistas, empresarios, organizaciones civiles y adversarios políticos.

    Las conferencias gubernamentales no son espacios privados ni programas partidistas. Son ejercicios oficiales de comunicación pública y, precisamente por ello, deberían encontrarse entre los primeros obligados moral y políticamente a respetar el derecho ciudadano a recibir información verificable, completa y diferenciada de la propaganda.

    Si se exige rigor a una televisora o radiodifusora, el mismo principio tendría que aplicarse a quien habla desde un atril oficial.

    Si se demanda distinguir claramente entre información y opinión, habría que preguntarse cuántas veces en las mañaneras se mezclan datos oficiales con apreciaciones políticas, acusaciones, interpretaciones partidistas y señalamientos contra terceros.

    Si se reclama información veraz a los medios, el gobierno tendría que asumir exactamente la misma responsabilidad cuando presenta cifras, estadísticas o versiones de acontecimientos que después pueden ser confrontadas con información pública.

    Y si verdaderamente se pretende proteger a las audiencias, entonces habría que comenzar por reconocer que los millones de ciudadanos que diariamente reciben información desde Palacio Nacional también son audiencia y poseen exactamente los mismos derechos.

    No puede existir un derecho de las audiencias para los medios privados y otro para la comunicación gubernamental.

    Tampoco puede existir una verdad oficial certificada por el Estado.

    La historia latinoamericana está llena de gobiernos que comenzaron hablando de democratizar la comunicación, combatir abusos mediáticos o garantizar información responsable y terminaron construyendo instrumentos para presionar económicamente, sancionar administrativamente o silenciar políticamente a las voces incómodas.

    México no puede recorrer ese camino.

    Los excesos de los medios deben combatirse con derecho de réplica, códigos de ética, defensorías de audiencias, transparencia y mecanismos jurídicos claramente delimitados. Las falsedades deben confrontarse con hechos. Los abusos deben someterse a la ley. Pero las opiniones no pueden quedar sujetas al criterio político de funcionarios o burócratas.

    Mucho menos cuando el propio gobierno es uno de los principales actores de la disputa pública.

    La libertad de expresión pierde sentido si solamente protege a quienes coinciden con el poder. Su verdadera importancia aparece cuando garantiza el derecho a cuestionarlo.

    Por eso resulta indispensable que periodistas, medios, organizaciones civiles, universidades, especialistas y ciudadanos permanezcan atentos ante cualquier disposición que pueda transformarse en una herramienta de control editorial.

    Defender la libertad de expresión no significa defender los errores, excesos o intereses de los medios. Significa defender el derecho de los ciudadanos a escuchar todas las voces y decidir por sí mismos en quién creer.

    La democracia necesita mejores medios, pero también necesita mejores gobiernos y una comunicación pública sometida al mismo escrutinio que pretende imponer a los demás.

    Si desde el poder quieren hablar seriamente del derecho de las audiencias, adelante.

    Pero que empiecen por casa.

    Que transparenten, documenten y sustenten lo que se afirma desde las tribunas oficiales. Que respeten la crítica. Que respondan las preguntas incómodas. Que distingan información pública de propaganda política.

    Y, sobre todo, que entiendan algo elemental: El gobierno no es propietario de la verdad ni puede convertirse en censor de quienes lo cuestionan.

    Frente a cualquier intento de controlar la información, venga de donde venga, la respuesta de una sociedad democrática debe ser inequívoca:

    No a la censura. Sí a la libertad de expresión. Sí al derecho de los ciudadanos a estar informados.